El diputado Carlos Cuadrado Prats anunció que ingresará en los próximos días un proyecto de ley para que padres, madres y cuidadores puedan ser responsabilizados penalmente por el porte y uso de armas por parte de menores de edad, en el contexto de hechos de violencia registrados en establecimientos educacionales en Chile.

La iniciativa, respaldada por parlamentarios de la bancada PPD-Independientes, busca modificar la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas, el Código Penal y el Código Procesal Penal, con el objetivo de incorporar sanciones cuando exista conocimiento efectivo o negligencia en el acceso de menores de edad a elementos potencialmente letales.

“Un país no se construye sólo con leyes, se construye con conciencia, y la conciencia emerge desde lo esencial que es cuidar a nuestros niños. Cuando un menor accede a un arma y un adulto lo sabe y calla, no es solo una omisión, es una falta grave”, afirmó Cuadrado.

En ese sentido, el parlamentario sostuvo que la propuesta “no busca castigar, busca evitar tragedias”, agregando que responde a la necesidad de prevenir hechos graves antes de que ocurran. “En Chile muchas veces, por desidia, llegamos tarde, cuando el dolor ya está instalado en las familias y, lamentablemente, también en nuestras escuelas”, señaló.

Sobre el alcance del proyecto, Cuadrado enfatizó que “proteger a nuestros niños y resguardar su vida no admite excusas. Es un deber moral de nuestra sociedad y es una obligación ineludible del Estado”.

Por su parte, el diputado Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, valoró la iniciativa y afirmó que “se trata de poner en el centro del debate las medidas de prevención”. “Cuando hay menores de edad involucrados, los adultos son un factor a considerar. Esto va a abrir un debate que se ha eludido por mucho tiempo”, indicó.

Asimismo, agregó que “se necesitan medidas importantes para quebrar la trayectoria de la violencia. El gobierno tiene que ponerle urgencia. Se acabó el tiempo de los discursos inútiles”.

El proyecto establece que el padre, madre, tutor o cuidador que, con conocimiento de que un menor de edad tiene acceso a un arma letal, no adopte medidas razonables para impedir su uso, podrá ser sancionado con penas de presidio menor en su grado mínimo a medio.

Además, contempla un aumento de la pena si los hechos ocurren en el contexto de ingreso, permanencia o salida de establecimientos educacionales o en actividades vinculadas a estos.

La propuesta también considera la exención de responsabilidad para quienes denuncien oportunamente a la autoridad antes de la ejecución del delito que se buscaba evitar, en el marco de una iniciativa que busca reforzar el enfoque preventivo frente a la violencia escolar.