El gobierno envió la tarde de este miércoles a todos los ministerios un instructivo sobre el comportamiento que deben tener las autoridades y funcionarios públicos para garantizar su prescindencia de cara a los distintos eventos electorales que se desarrollarán en el país este año, incluyendo las primarias presidenciales oficialistas del 29 de junio.

Entre otras disposiciones, se les recordó la prohibición de todos los trabajadores del sector público, independiente de su nivel jerárquico, de realizar cualquier actividad política en horario laboral, como también la utilización de cualquier tipo de recursos públicos para fines proselitistas o ajenos a los fines propiamente institucionales.

“(Las autoridades como los funcionarios públicos) no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas o participar en reuniones o proclamaciones para tales fines durante la jornada laboral”, se detalló en uno de los pasajes del documento.

También se insistió en que no está permitido asociar la actividad de cualquier organismo público con alguna candidatura, tendencia o partido político, ni ejercer coacción sobre los empleados u otras personas.

En el instructivo se enfatiza además que ningún canal institucional de organismos públicos, escritos o audiovisuales, puede ser utilizado con fines propagandísticos. Y se destaca que esta disposición también rige para los medos digitales, como páginas web institucionales o redes sociales.

Además, se recordó que no está permitido incorporar en acciones publicitarias o de difusión el nombre o la imagen de una autoridad o exautoridad “en un contexto que permita atribuirles a ellas la ejecución de determinadas acciones, obras o tareas que son propias del organismo”.

Asimismo, se establece que si alguna autoridad realiza actividades públicas como inauguraciones u otras ceremonias durante los 60 días previos a una elección, esta deberá cursar invitaciones a todos los candidatos del respectivo territorio electoral.

Más allá de las restricciones, el instructivo del gobierno deja en claro que todas las autoridades y funcionarios públicos pueden ejercer sus derechos ciudadanos y emitir libremente opiniones políticas y participar de actividades de campaña fuera de la jornada laboral y siempre con recursos propios.