A través de un escrito de más de 100 páginas, la Presidenta Michelle Bachelet hizo llegar su posición al Tribunal Constitucional (TC), respecto al requerimiento presentado por un grupo de senadores de la Alianza que busca invalidar una parte de la tramitación del proyecto de ley que introduce la televisión digital terrestre en Chile.

Tal como había solicitado el TC, luego de declarar admisible el cuestionamiento constitucional, el actual gobierno respondió por el actuar de la administración de Sebastián Piñera, explicando su postura frente al pacto político impulsado desde el círculo del ex presidente y firmado por la bancada oficialista y opositora, que permitió declarar inadmisibles once modificaciones contenidas en el veto y llevar a votación en sala sólo las 17 restantes.

En el informe firmado por Bachelet, se solicita el rechazo en todas sus partes del requerimiento, se respalda el proceder de la Cámara de Diputados y se explican las modificaciones que pretendía introducir el veto y cómo, de acuerdo a la actual mandataria, "altera" los presupuestos fundamentales del proyecto de ley aprobado por el Congreso.

"El veto presentado por el ex Presidente de la República transgrede los límites impuestos por la Constitución al uso de la facultad de veto presidencial, desnaturalizando el proyecto de ley aprobado", dice la presentación.

En el documento se explica que corresponde enjuiciar si las observaciones formuladas por Piñera se efectuaron con respeto a las restricciones constitucionales para así validar el acuerdo político anunciado en la sala por el ex diputado y en ese momento presidente de la Cámara Baja, Edmundo Eluchans (UDI). De esta manera, Bachelet aclara cuáles son las ideas matrices del proyecto (creación de condiciones de calidad técnica que permitan la digitalización de la TV, fortalecimiento del rol social de la televisión, aseguramiento de la libertad de expresión y el pluralismo) y resuelve que los puntos declarados inadmisibles van en su contra. Se da como ejemplo las modificaciones que se querían realizar al concepto de "correcto funcionamiento" en que el veto proponía suprimir la transmisión gratuita de campañas de utilidad pública como requisito de los canales.

 "Se puede concluir que los fundamentos del acuerdo político se refieren a la impertinencia de las observaciones presidenciales respecto a las ideas matrices del proyecto (...). Que no se haya expresado la justificación constitucional de inadmisibilidad de cada una de las observaciones, en ningún caso puede dar lugar a concluir que se trata de una acción arbitraria", sostiene el escrito firmado por Bachelet.

Otro ítem que aborda la mandataria es la tramitación legislativa del proyecto de ley impugnado, comentando que se extendió por más de cinco años, se tramitó en tres periodos legislativos distintos, participaron nueve comisiones y se llamó a exponer a más de 100 personas, por lo tanto, asegura, "resulta extraño que al momento de hacer las observaciones no se considere el largo proceso por el que debió pasar el mensaje presidencial para convertirse en ley".

Con estas observaciones formuladas por la Presidenta Bachelet, el TC deberá resolver dentro de los próximos días si existieron vicios o no en la procedimiento legislativo y si acoge la solicitud de los senadores de la Alianza, para retrotaer la votación del veto a la cámara. En este sentido, la mandataria coincide en que "en caso de acoger el requerimiento sobre un supuesto vicio del procedimiento, corresponde que el proyecto en cuestión vuelva al Congreso para continuar su discusión".