Corresponde a la última norma que fue puesta en consulta bajo la presidencia de Solange Berstein en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), mandato que terminó el recién pasado 11 de marzo cuando Catherine Tornel asumió la presidencia del Consejo de la CMF bajo el entrante gobierno de José Antonio Kast.

En concreto, la semana antepasada la CMF puso en consulta pública una normativa que establece ajustes a la metodología de determinación de los Activos Ponderados por Riesgo de Mercado (APRM) en los bancos.

La propuesta, que estará en consulta hasta el 8 de abril, “introduce ajustes al Capítulo 21-7 de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos (RAN), con el objetivo de reflejar de manera más adecuada la gestión de los riesgos realizada por las instituciones en el cómputo de los APRM”, señaló el regulador mediante un comunicado.

Y agregó que “estas modificaciones se enmarcan en la evaluación permanente de la normativa que realiza la CMF, con el fin de continuar perfeccionando la aplicación de los estándares de Basilea III en Chile”.

Al respecto, la firma de auditoría y consultoría Deloitte estimó los efectos concretos que se esperan para la banca a partir de estos ajustes, calculando que la industria podrá liberar casi US$1.000 millones de capital. Esto equivale a un 2,5% del patrimonio efectivo que la banca tenía al cierre del año pasado.

“El ajuste regulatorio de la RAN 21-7 corrige una mala aplicación del estándar internacional para riesgos del mercado, modificando el parámetro de ajuste vertical utilizado en el cálculo del riesgo general de tasa de interés, considerando que dicho componente genera una proporción significativa del total de APRM del sistema bancario local”, señalan desde Deloitte.

Bajo este escenario, proyectan que “el impacto estimado es una rebaja en torno a los US$5.500 millones, equivalentes a 35 puntos base de disminución del total de requerimientos de capital para el conjunto de bancos”.

Como los requisitos de capital son solo una fracción de los activos, esta rebaja, a su vez, “es equivalente a una liberación de capital en torno a los US$950 millones”, detalla Deloitte.

“Este ajuste permitirían lograr requerimientos de capital más consistentes con el perfil de riesgo efectivamente asumido por los bancos chilenos”, afirma la consultora.

Estas modificaciones a la normativa ocurren en un contexto en que desde hace tiempo los bancos han estado alertando que “actualmente el ciclo del crédito se encuentra en una fase contractiva que resulta ser la más profunda y persistente de los últimos 30 años”.

Si bien la industria lo ha atribuido a varios factores que han influido en este menor dinamismo, siendo el principal, el bajo crecimiento de la economía, también ha advertido que cuando se retome la expansión de la actividad, “exigencias excesivas (de capital) tendrán efecto en el crédito”. Por lo mismo, han dicho que “es clave avanzar hacia una evaluación integral de lo hecho hasta la fecha” en términos del capital que se le ha exigido a la banca por Basilea III.

La propuesta

Hay dos aspectos principales que destacó la CMF de la propuesta normativa. El primero apunta a “utilizar un parámetro calibrado para el ajuste vertical, conforme a las características del mercado local”. En ese sentido, la CMF explicó en un comunicado que “actualmente, dicho componente genera una proporción significativa de los requerimientos de capital derivados del riesgo de mercado y, por lo tanto, de los APRM”.

Así, propuso una baja desde el 10% actual a un 7%, “en línea con los resultados obtenidos para la calibración local de los riesgos de base y de brecha”.

En segundo lugar, la norma hizo “perfeccionamientos a los actuales lineamientos para excluir derivados de la estimación del riesgo de tasa de interés”. Sobre ello, “se explicitan criterios que permiten la compensación total de posiciones de derivados calzados, aun cuando no sean estrictamente idénticos, en línea con el estándar de Basilea”.

Bajo este escenario, la CMF estimó que la implementación de ambos ajustes permitiría una reducción cercana al 23% del monto de APRM del sistema, pasando desde los $23.974.033 millones actuales, a $18.445.033 millones.

“Estos efectos implicarían, a nivel agregado, una disminución de 2,2% en los APR del sistema y un incremento promedio de 35 puntos base (pb) en el Índice de Adecuación de Capital (IAC) a junio 2025″, sostiene el análisis de impacto regulatorio que hizo la CMF. Allí estima que los APR bajarían desde los $251.678.843 millones actuales a $246.149.847 millones.

“Los ajustes propuestos tendrían aplicación en julio del presente año, e implicarían una reducción en el corto plazo de los requerimientos de capital. Además, este cambio disminuiría la brecha existente entre la densidad de activos ponderados por riesgo de la banca chilena y la observada en otras jurisdicciones”, sostuvo la CMF en el comunicado.

De acuerdo al análisis que hizo la CMF, la densidad caerá desde un 6,2% a cerca de 4,7%, “sin incrementar la complejidad del enfoque metodológico vigente”.

De hecho, puntualizó que “esta brecha se reduciría aún más si se considera que diversas jurisdicciones se encuentran transitando hacia los modelos más complejos del estándar FRTB, los cuales, en la mayoría de los casos, implicarían incrementos en los requerimientos de capital por riesgo de mercado”.

Agregaron que “los ajustes se enmarcan en un plan de mediano plazo, que considera la evaluación de la implementación de metodologías más sofisticadas para el cómputo de los APRM, que colaborarían con una mejor medición y gestión de este riesgo”.