Esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó con 88 votos a favor y 43 en contra en tercer trámite constitucional la ley que crea el Subsidio Unificado al Empleo (SUE). Incorporada como una de las 46 medidas contenidas en la Agencia de Productividad, específicamente en “el Eje de Formalidad”, como señala el oficio del Ejecutivo enviado a la instancia en junio del año pasado, el proyecto de ley plantea hacer frente a la informalidad unificando los subsidios existentes y, por primera vez, se enfocaría en pequeñas y medianas empresas (pymes).

El Ministerio del Trabajo, en conjunto con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), ingresó a la Cámara Baja en julio de 2025 el proyecto de ley que crea este subsidio que busca modernizar y simplificar los subsidios estatales al empleo con el fin de ampliar la cobertura, además de mejorar la eficiencia del gasto público.

Dentro de los fundamentos del Ejecutivo, se expuso la “fragmentación” del sistema de subsidios actual, ante lo que proponen un mecanismo integral que optimice su monitoreo y permita “su evaluación y posterior adaptación a las dinámicas del mercado laboral”, se lee en el documento.

También apelaban a que dicha fragmentación generaba una “duplicidad en la entrega de beneficios, lo que conlleva a ineficiencias en el gasto público”. Ante ello valoraron los subsidios existentes, pero aseguran que en la actualidad “presentan el riesgo de no lograr cumplir adecuadamente su propósito de incentivar la contratación de grupos prioritarios”.

Uno de los fines principales del SUE es fomentar el empleo formal y fortalecer la participación laboral femenina, dado que su foco principal son personas pertenecientes a grupos prioritarios para permitir su reingreso, permanencia o incorporación al trabajo, por lo que busca incentivar la contratación y participación laboral. Eso sí, no se aplicará a empresas públicas ni sociedades del Estado.

El nuevo sistema integraría el sistema fragmentado de subsidios al empleo (Subisdio al Empleo Joven, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio Previsional al Trabajador Joven) para unificarlo en un solo programa. Algunos montos podrían alcanzar los $50 mil para trabajadores y a $130 mil para empleadores.

Su cobertura se ampliará a cuatro grupos prioritarios con baja inserción laboral, como jóvenes de 18 a 24 años, mujeres entre los 25 y 54 años, personas mayores de 55 años y mayores de edad con discapacidad, además subsidiará a trabajadores y empleadores, con un monto combinado que alcanzaría los $185 mil y sería de acceso por medio de solicitud directa.

El subsidio, además, contemplará un esquema especial para micro y pequeñas empresas, con bonificaciones diferenciadas, pagos escalonados e incentivos para la retención de trabajadores. Además, los trabajadores independientes también podrán acceder, validando su situación mediante movimientos tributarios.

En ese sentido, respecto al incentivo a los empleadores para fomentar la contratación formal, desde el ejecutivo señalaron que “los programas actuales tampoco han resultado eficaces, ya que los montos entregados no alcanzan a cubrir de forma significativa costos asociados a la contratación, lo que permite generar una dinamización mayor”.

El subsidio consiste en un aporte monetario para trabajadores dependientes y empresas, que puede llegar hasta el 20% de la remuneración bruta mensual por un máximo de doce meses, mientras la relación laboral esté vigente. Los porcentajes específicos, entre 10% y 20%, se establecerán anualmente en un procedimiento transparente y con participación de empleadores y trabajadores. Con todo, ambos aportes deberán sumar un 30% de la remuneración bruta mensual, lo que busca distinguir entre la necesidad de generar búsqueda de empleo y de contratación.

La discusión en la Cámara Baja

Dicha sesión no estuvo exenta de polémicas tras la tasa de desempleo de 8,3% presentada en el trimestre de noviembre-enero, junto a un resultado que además demostró una desaceleración de la creación de puestos de trabajos, con 59 mil empleos menos que el trimestre móvil anterior. A ello se suma una fuerte informalidad, con una tasa de desocupación situada en 26,8%, creciendo 0,5 puntos porcentuales en doce meses, y un aumento de un 3,2% de personas en calidad de informalidad respecto del trimestre anterior.

Frente a esto, el diputado republicano, Luis Sánchez, criticó la necesidad de medidas “especiales” para reactivar la contratación. Además, tachó de “círculo vicioso” a las medidas subsidiarias: “No se puede desconocer el hecho de que este Gobierno ha exhibido un pobre desempeño a la hora de crear empleos dignos (...) El gobierno no crea las condiciones para que se cree un empleo formal, y por el contrario suele impulsar medidas que merman la contratación”.

“Este es el legado laboral que deja el gobierno de Gabriel Boric”, afirmó por su parte la diputada republicana, Chiara Barchiesi. “Más informalidad, menos participación, y un mercado laboral constreñido que no puede ofrecer trabajos formales y estables”, sentenció.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, destacó que el proyecto haya sido aprobado por unanimidad en los primeros dos trámites. A esto agregó que se trata de una herramienta que mejora la institucionalidad laboral, además busca fomentar la contratación especialmente de los grupos “que quedan fuera”.

“Es algo que se ha transmitido poco, pero este proyecto tiene foco en las empresas de menor tamaño, que son las que muchas veces en situaciones económicas desafiantes tienen más dificultades para tomar decisiones de contratación”, aseveró el titular de la cartera. A esto sumó la existencia de un “desafío” dado el estrecho contexto fiscal, por lo que esta unificación de subsidios se plantea desde los US$200 millones que actualmente son implementados en los tres subsidios.