Uno de los principales argumentos que se entregaron para desechar el censo 2012 fue su alta tasa de omisión, que en términos simples se refiera a la población que no fue efectivamente censada.

En esa oportunidad, la tasa de omisión según la comisión que se creó para revisar ese proceso la fijó en 9,3%, argumento principal -dentro de otros problemas- que llevó a que la presidenta Michelle Bachelet decidiera encargar otro proceso que se realizó de manera abreviada en 2017.

Según la información que entregó este miércoles el INE, la población efectivamente censada alcanzó a los 18.480.432 mientras que con el proceso de conciliación censal el número de personas que había en el país el 16 de abril de 2024 era 19.871.764.

Con estos antecedentes, la cifra de omisión llegó a 7%, lo que equivale a que hubo 1.391.332 personas sin censar. Este registro es más alto que el de 1982 cuando fue de 1,5%; de 1,9% de 1992; o el 3,8% de 2002. Y mayor al del proceso abreviado de 2017, que tuvo una tasa de omisión de 4,7%, lo que se tradujo en 845 mil personas, es decir, en esta oportunidad hubo unas 546 mil personas más sin censar que en ese último proceso.

Pese a que el indicador es al menos el segundo más alto desde 1982, no tiene el mismo juicio negativo que se le hizo al proceso calificado como fallido en 2012.

Una de las virtudes que tiene un censo de derecho, como el que se hizo el 2024, es que al realizar en varios meses permitiría en teoría una mayor cobertura. De acuerdo a una definición que tiene el INE en su página web, “con este Censo se buscaba proveer información más precisa sobre las personas que residen de manera habitual en una vivienda, comuna o región y no solo sobre de aquellas que pernoctaron en esa vivienda la noche anterior, como se preguntaba en el censo de un solo día”.

Asimismo, “esto permite conectar de mejor manera las características de esta población con las decisiones de servicios en un territorio, como escuelas, hospitales, entre otros”.

Desde el INE tienen una evaluación positiva de la cobertura. “Todas las operaciones censales presentan cierto nivel de omisión por diversos factores, entre ellas, accesibilidad, no respuesta, movilidad de la población”. Pese a ello, señalan que “los resultados del Censo de Población y Vivienda han demostrado ser consistentes con la evolución demográfica de nuestro país y como tal, fueron utilizados como información base para la elaboración de las presentes Estimaciones y Proyecciones de Población, sirviendo de forma relevante para uno de sus principales usos, es decir, servir como base para este proceso”.

En su argumentación, el INE menciona que “el resultado de la tasa de omisión del Censo de Población y Vivienda de 2024 de nuestro país se encuentra dentro de los parámetros observados a nivel internacional para los censos de derecho y la información aportada por el censo es una fuente valiosa que cumple con los objetivos para los cuales fue realizado: actualización del marco muestral, insumo para las estimaciones y proyecciones de población y caracterización de la población en áreas geográficas desagregadas, los cuales son posibles de atender dado los resultados del último Censo de Población y Vivienda”.

Puntualizan que “si bien la tasa de omisión es un indicador relevante respecto a la cobertura censal, este no agota la evaluación de la calidad censal. La calidad de un censo se analiza a partir de un conjunto de indicadores que consideran cobertura, contenido, coherencia demográfica y calidad operativa, por lo que su validez debe evaluarse de manera integral y no únicamente en función de la omisión”.

El economista David Bravo, quien fue quien lideró la comisión revisora del censo 2012 afirma que “los censos presenciales son operativos que son cada vez más complejos y el que sea de derecho comporta mayor dificultad para encontrar a las personas”. Por ello, “considero que la tasa de omisión obtenida es una tasa baja en comparación con la obtenida en los otros censos de derecho que se realizan en América Latina y es razonable para el esfuerzo logístico desplegado”.

Otro de los integrantes de esa comisión fue el economista Osvaldo Larrañaga: “El problema que tuvo el censo del 2012 no fue tanto la tasa de omisión, estimada en 9,3%, sino su muy dispareja distribución geográfica. Se calcula que la tasa de omisión superó el 20% para una quinta parte de las comunas del país, de acuerdo al Informe de la Comisión Revisora Externa del Censo 2012. Este es un problema que no tiene solución, razón por la cual se declaró censo fallido”.

Por esta razón ahora dice que “una tasa de omisión de 7% puede ser razonablemente buena si se distribuye de modo parejo en regiones y comunas, pero es un mal resultado si varía mucho por localidades”.

Para Larrañaga “el Censo 2024 fue un buen censo en relación a los otros criterios de evaluación del censo”.