Columna de Francisco Pérez Mackenna: ¿Pacto fiscal o pacto por el crecimiento?

La premisa tras el denominado “Pacto fiscal” es simple: el Estado necesitaría más recursos para cubrir mayores gastos sociales. De ahí, el análisis se ha centrado principalmente en aumentar tasas y crear nuevos impuestos para lograr ese objetivo. “El crecimiento no es suficiente”, ha manifestado el ministro Marcel a la idea de priorizar esa vía para engrosar las arcas fiscales.

Después del rechazo de su propuesta original de reforma tributaria en la Cámara, el gobierno redujo su plan de recaudación, pasando de 4 a 2,7 puntos del PIB, donde 1,5 puntos provendrían de menor evasión y elusión y 1,2% de mayor crecimiento, eficiencia en el gasto y mayores impuestos. De este plan surgen al menos dos interrogantes. La primera, sobre el grado de realismo detrás de lo que se estima podría obtenerse controlando la evasión y la elusión, ya que los rangos de no pago que supone el Ejecutivo son extremadamente amplios y ni siquiera son claros respecto de dónde se encuentran. La segunda, sobre la efectividad del viejo planteamiento de “subir impuestos para recaudar más”; en los últimos 22 años, Chile ha realizado cuatro reformas tributarias sustantivas y la tasa de recaudación como porcentaje del PIB se ha mantenido relativamente estable.

¿Y si nos concentramos en un “pacto por el crecimiento”? Un cálculo simple indicaría que el crecimiento adicional de entre 1% y 1,7% por año durante 7 años dependiendo de lo que aporten los ahorros fiscales y la disminución de la evasión, podría sustituir un aumento de impuestos. Ello, asumiendo que el crecimiento potencial actualmente es de sólo 2%, que una reforma tributaria tarda al menos dos años en surtir efectos, y que la diferencia de tiempo para que la recaudación por crecimiento se intersecte con la de alza de tasas sea de no más de cinco años.

¿Puede Chile volver a crecer a tasas superiores al 3,5% anual? Considerando que esa es la expansión de la economía mundial y que previo al estancamiento de la última década crecíamos sobre el promedio del mundo, es claro que sí se puede. ¿Qué se requiere? La solución es multifactorial y requiere de medidas de corto, mediano y largo plazo, que fortalezcan la institucionalidad del país, den mayor eficiencia al Estado y establezcan incentivos para captar nuevas inversiones, entre otras. Pero si analizamos la historia, hay otro factor que marcó el quiebre entre las naciones que lograron mejorar sustancialmente la calidad de vida de sus habitantes y las que se quedan estancadas: el capital humano.

Hoy las desigualdades entre los diversos países ya no son de un factor de dos, como ocurría hasta hace 200 años, sino de 15 o 20. Ellas se observan entre los países que alcanzaron el desarrollo y aquellos que aún no lo hacen, brecha que nace a partir del exponencial crecimiento de los ingresos que generó la revolución industrial. Aquellas sociedades que iniciaron lo que se conoce como la transición demográfica fueron las que sacaron mayor ventaja, pues invirtieron sus nuevos ingresos en la calidad de la formación de sus hijos, producto del incentivo que entregaba la mayor rentabilidad de la inversión en capital humano.

Se generó así un círculo virtuoso, ya que el capital humano de unos genera externalidades positivas en otros, aumentando la productividad de quienes laboran cerca, lo que a su vez incrementa la rentabilidad del capital humano propio, y así sucesivamente. Con ello se produce lo que el premio Nobel Paul Romer llama “retornos crecientes al capital humano”, debido a su dimensión social y a los efectos de vivir y trabajar en comunidad (redes). La clave está, por tanto, en los incentivos para que las familias y la sociedad inviertan en la formación de sus nuevas generaciones.

Robert Lucas, otro premio Nobel, afirma que la transición hacia una economía moderna, que crece, depende precisamente de la tasa de acumulación de capital humano. Retener una parte significativa de los frutos de esa inversión mediante el respeto a la propiedad privada y cargas tributarias reducidas, junto con otras variables como la posibilidad de contar con una buena salud o de poder elegir y financiar buena educación, son algunos de los ingredientes esenciales.

De este modo, un “pacto por el crecimiento” exige también comprometer inversión en capital humano y proyectar un crecimiento sostenible que permita, a su vez, entregar más recursos al Estado. Chile puede lograrlo.