El reciente ataque de fuerzas militares de Estados Unidos a Venezuela y la aprehensión y traslado de Nicolás Maduro y su esposa para ser procesados en una corte del estado de Nueva York, abre múltiples flancos de análisis legal, político, económico y militar que motivarán debate por largo tiempo. Sin embargo, una dimensión particularmente relevante es la motivación que subyace a esta decisión desde la perspectiva de la política exterior estadounidense.

La teoría de las relaciones internacionales distingue, de manera esquemática, dos grandes corrientes. La primera es el idealismo —asociado a Woodrow Wilson o la tradición liberal institucionalista— que sostiene que los Estados actúan guiados por principios normativos, tales como la promoción de la democracia, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del orden multilateral. Este enfoque ha servido históricamente para justificar intervenciones como la de la OTAN en la ex Yugoslavia en los años noventa o las acciones contra Saddam Hussein en las guerras del Golfo.

La segunda corriente es el realismo, asociada a George Kennan o Henry Kissinger, que postula que los Estados actúan primordialmente en función de intereses nacionales definidos, en un contexto de competencia estratégica por poder, seguridad e influencia. Su intuición más antigua se remonta a Tucídides, quien en el Diálogo de los Melios formuló de manera brutal esta lógica: “los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”. Esa frase resume con crudeza la idea de que el poder, más que la justicia, estructura el comportamiento internacional.

Bajo estos dos prismas, la acción estadounidense en Venezuela puede interpretarse de formas muy distintas. La experiencia acumulada en Irak, Afganistán y en general en Medio Oriente —que alimentó el giro aislacionista de la política exterior norteamericana en la última década— permite descartar que exista aquí un objetivo idealista dominante. Es altamente improbable que las autoridades estadounidenses estén dispuestas a asumir el costo político, financiero y humano de administrar un largo proceso de reconstrucción democrática bajo tutela militar extranjera, a la luz de esas experiencias, más allá de las declaraciones sobre la voluntad de “manejar el país”.

Ello conduce naturalmente a una lectura realista de la intervención. Esta encuentra sustento en los objetivos declarados por la propia administración: combatir el narcotráfico, frenar la inmigración ilegal, debilitar organizaciones criminales transnacionales y limitar el acceso del petróleo venezolano a países considerados adversarios estratégicos. La reciente Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos, que reorienta explícitamente el foco hacia el hemisferio occidental, refuerza esta interpretación.

Sin embargo, incluso desde un punto de vista realista surge una dificultad central. La consecución de estos objetivos —en particular la contención de redes criminales hemisféricas— requiere la existencia de un Estado venezolano mínimamente funcional y con una orientación distinta a la que tenía la dictadura de Maduro. Si la intervención deriva en un escenario de anarquía, fragmentación territorial o guerra civil, los costos estratégicos podrían superar ampliamente los beneficios. Si todo sigue igual, uno se preguntará cual es el beneficio final. El dilema, entonces, no es solo si la motivación es idealista o realista, sino si los instrumentos elegidos son coherentes con los propios fines que se declaran perseguir.

Desde la perspectiva de Chile, este episodio también tensiona el diagnóstico y la postura que corresponde adoptar. La política exterior chilena, según lo ha señalado reiteradamente la Cancillería, se funda en el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y la promoción y protección de los derechos humanos. Esta tradición busca equilibrar principios normativos con una inserción internacional pragmática. Las tensiones evidentes entre realismo e idealismo van a requerir, por tanto, una gestión política y diplomática particularmente cuidadosa, que permita resguardar esos principios sin dificultar las distintas agendas internas y externas de nuestro país.

- El autor es académico de Escuela de Negocios UAI y exvicepresidente del Banco Central de Chile