En momentos en que el denominado proyecto de Reconstrucción sorteó con éxito la Cámara de Diputados y se prepara para iniciar su trámite en el Senado, un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (Ocec-UDP) plantea una propuesta alternativa a la medida de exención de las contribuciones de la vivienda principal para personas mayores de 65 años incluida en la megarreforma.

El estudio, realizado por los economistas Antonio Espinoza y Juan Ortiz, hace un análisis de lo que se ha hecho en otros países en esta materia y propone una iniciativa que incluya un rediseño del actual Beneficio al Adulto Mayor (BAM) -el cual hoy permite a adultos mayores reducir el 100% de la contribución a personas con ingresos anuales hasta 13,5 Unidades Tributarias Anuales (UTA) (casi $11 millones anuales) y el 50% a los que tienen ingresos entre 13,5 y 30 UTA (hasta unos 24 millones) - y que adolece de un “vacío regulatorio” que lleva a que se excluya del beneficio a algunas personas en función del avalúo de sus propiedades, incluso si tienen ingresos bajos.

La propuesta de los investigadores apunta a un proyecto que incluya un porcentaje máximo que el pago contingente de las contribuciones de la vivienda principal pueda significar sobre los ingresos anuales del contribuyente, que sea fiscalmente neutro en el largo plazo, y que no se exima de pago a los contribuyentes de altos ingresos que sean adultos mayores, tal como lo propone la megarreforma.

El actual proyecto de ley del gobierno despachado por la Cámara de Diputados contempla un conjunto de medidas que incluye la exención de las contribuciones de la vivienda principal para personas mayores de 65 años, la cual es hoy cuestionada por alcaldes de diferentes tendencias por el “hoyo” financiero que dejaría en las municipalidades y en el Fondo Común Municipal (FCM), y por eximir del pago del impuesto territorial a contribuyentes de altos ingresos.

La iniciativa contempla que el número de beneficiados rondaría las 294.607 personas y que la menor recaudación del Fondo Común Municipal producto de la aplicación de esta medida ascenderá a $203.499 millones al año 15 de vigencia de la ley, cifra cercana a 0,02% del PIB, la cual deberá ser compensada por aportes fiscales.

“El esquema propuesto permite avanzar hacia una mayor cobertura de adultos mayores, hacer el beneficio más progresivo, y mitigar la pérdida de ingresos al Fondo Común Municipal. Más aún, tiene el potencial de ser implementado para más grupos de la población”, resume el documento de Espinoza y Ortiz.

Las ventajas

Según el texto, el beneficio del esquema propuesto no considera el avalúo fiscal de la propiedad habitacional ni de los demás bienes raíces del adulto mayor. Por otro lado, considera que el pago de las contribuciones varíe según los ingresos de las personas: sería de 0% para contribuyentes con ingresos anuales menores o iguales a 13,5 UTA y entre 2% y 5% para personas con ingresos monetarios mayores a 13,5 UTA y menores o iguales a 30 UTA.

En tanto, en el esquema propuesto el beneficio aplica para el pago de las contribuciones de la propiedad habitacional principal del adulto mayor, de manera que la persona no pierda su vivienda en la que reside o tenga que verse forzado a cambiarse.

Los autores plantean que el esquema es fiscalmente neutro en el largo plazo e incrementaría los ingresos en el FCM. El estudio sugiere que, en vez de condonarse la parte de la contribución que sobrepase el máximo a pagar del adulto mayor, esta sea aportada por el Gobierno Central al FCM, generándose una deuda que deberá ser pagada al momento de vender o heredar la propiedad.

“Dado que la deuda generada por los aportes hechos por el Gobierno Central al Fondo Común Municipal es eventualmente liquidada al momento de enajenar la propiedad en caso de venta o herencia, el esquema propuesto es fiscalmente neutro en el largo plazo”, sostiene el texto de los investigadores.

El estudio sostiene que la propuesta “resulta considerablemente más progresiva, al no eximir del pago de contribuciones a personas con ingresos mayores a 30 UTA, como sí ocurriría con la propuesta del Plan de Reconstrucción, y tiene una mayor escala progresiva que la del BAM al considerar un pago máximo en función de su ingreso en vez de una reducción porcentual en el pago de la contribución”.

También consigna que el avalúo de la propiedad deja de ser un determinante de elegibilidad, por lo que tendría una mayor cobertura que el actual BAM. “No se excluiría del beneficio a adultos mayores que tengan una propiedad habitacional sobre un determinado avalúo fiscal o que los avalúos fiscales de todos sus bienes raíces sumen un determinado monto como ocurre actualmente en el BAM”, añade la investigación.

Bajo este contexto, el estudio finaliza diciendo que el actual proyecto de Reconstrucción del gobierno beneficia desproporcionadamente a adultos mayores de altos ingresos y/o con propiedades de mayor avalúo fiscal, toda vez que ya existe un beneficio de reducción a las contribuciones para adultos mayores que beneficia a más dela mitad de esas personas con viviendas afectas a este impuesto. “Su implementación tendría un efecto regresivo”, concluye el estudio del centro de estudios de la UDP.