El país arrastra una deuda con las empresas distribuidoras de energía por años y que supera los US$800 millones. Corresponde al atraso en la publicación del Valor Agregado de Distribución (VAD) que debía regir entre 2020 y 2024, y que se optó por postergar tras el estallido social y la pandemia de Covid-19. Esto ahora debe ser pagado en las cuentas de la luz por los consumidores. Si bien existe un mecanismo vigente para resolverlo, se están explorando otras vías que amortiguen el alza en las cuentas.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) había definido que el cargo comenzaría a aplicarse desde abril; sin embargo, el organismo postergó para julio el cobro, de modo de no sumarlo a la fuerte subida de los combustibles que traspasó la semana pasada el gobierno, producto del conflicto armado en Medio Oriente.

Este lunes la ministra de Energía, Ximena Rincón, dijo que esperan tener una fórmula para saldar la deuda pronto, e incluso, en menos de tres meses, que es el plazo que extendió la SEC. “Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que durante los próximos días demos con la fórmula (...) no nos vamos a tomar los tres meses que nos ha dado de prórroga la superintendenta”, declaró la autoridad.

A su vez, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, dijo que estaban “bastante avanzados, por lo cual creemos que no nos vamos a tomar el plazo que se fija, hasta el 1 de julio”.

Los cuatro caminos de la ministra

Las opciones que tiene el gobierno, bajo el liderazgo en esta materia de la ministra Rincón, para resolver esta deuda, son principalmente cuatro, de acuerdo al análisis que se hace en el sector eléctrico. Al respecto, el académico Humberto Verdejo detalla las medidas que toman fuerza hasta el momento. Tres de ellas no generan intereses, mientras que una cuarta, sí. Asimismo, tres deben pasar por trámite legislativo, mientras que otra no, que es la propuesta vigente de la SEC.

El primer camino, explica, es el que actualmente permite la ley y que emanó de la SEC en febrero pasado. El organismo instruyó a las empresas distribuidoras a calcular, cobrar y/o abonar el monto que figurara como pendiente a los consumidores. El problema de esta fórmula es que la cuenta de la luz le subirá más a unos que a otros. Al 65% de los clientes le aumentaría 5%, mientras que al 24% de los consumidores entre el 5% y 10%.

Otra de las opciones la dejó sobre la mesa el gobierno anterior. El exbiministro de Economía y Energía, Álvaro García, trató de impulsar una propuesta, a poco más de un mes de dejar el cargo. Se trataba de un proyecto de ley con un cargo promedio de $1.450 por hogar en las cuentas de la luz durante cuatro años (48 meses), que en todo caso no alcanzó a ser enviado al Congreso. La fórmula contemplaba un incremento de 3,5% en las tarifas eléctricas.

Esta incluye un subsidio para que el 40% de la población más vulnerable no pague el costo adicional. La propuesta de García estimaba un cargo de $8 por kilowatt hora. Una dificultad de esta opción es que no aprovecha una disminución tarifaria importante que se verá en dos años más, y que abre el paso a la opción tres: el cargo único diferenciado.

Opción que aprovecha baja de 2028

Esta alternativa, que apunta a un cargo único diferenciado, aprovecha una baja en las cuentas de la luz que se experimentará a partir del 1 de enero de 2028, gracias a la disminución del cargo MPC (Mecanismo de Protección al Cliente). Este fue creado el 2022 (Ley 21.472) para saldar la deuda por US$6.000 millones con las generadoras eléctricas tras su congelamiento tarifario.

Si entre los años 2024 y 2027, y por este cargo, los consumidores deben pagar $24 por kilowatt hora, en el lapso 2028 y 2035 ese cobro disminuirá a $9 por kilowatt hora. Es justamente esa disminución que Verdejo observa como una oportunidad. Esta fórmula tendría un alza en las cuentas de la luz, en su etapa inicial, de 2%.

El proyecto de García se acerca a esta opción, pero con la diferencia de que no aprovecha la disminución de 2028. La propuesta de cargo único diferenciado, que hace el académico, propone que en julio se paguen $4 por kilowatt hora durante un año y medio (18 meses), y que desde el 2028 -cuando se efectuará la disminución por concepto MPC- aumente a $12 por kilowatt hora.

“Al hacer el cargo único diferenciado tienes un impacto mínimo ahora, y lo compensas con la disminución del MPC el 2028”, argumenta Verdejo. “En estricto rigor, los periodos más complicados son estos próximos 18 meses. Por eso, propongo que el cargo inicial de los 18 meses sea lo más bajo posible, para que con la baja del MPC del 2028 pueda subir más y que la gente igual vea una disminución en la cuenta, y eso garantice que pague la deuda rápido y no acumule más intereses. Porque ese es el problema. Cualquier postergación o cualquier préstamo a pagar la deuda va a implicar más intereses”, sostiene el profesor que alertó sobre el error tarifario de la Comisión Nacional de Energía (CNE) el año pasado.

Precisamente, la cuarta opción, y la única que tendría intereses, dice relación con bancarizar la deuda, lo que permite postergar el impacto inmediato; sin embargo, tendría un alto costo financiero.

A la fecha, la deuda con las distribuidoras es de más de US$800 millones. Pero esa deuda no tuvo ese valor siempre. La deuda que se terminó de acumular en mayo de 2024 era de unos US$730 millones. Hasta abril se acumulaban intereses por US$93 millones. Con la postergación reciente a julio, estos se incrementaron en US$13 millones, totalizando así US$106 millones en intereses acumulados.