El conflicto entre el fundador de Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, y el exliquidador designado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Ricardo Budinich, sumó un nuevo capítulo.

El abogado penalista Eugenio Merino, socio de Merino & Cía., asumió la representación de Budinich y cuestionó duramente la querella por presunta estafa y administración desleal presentada contra su cliente.

Se trata de una querella presentada por Larraín con la asesoría legal de la firma Winter Etcheberry, bajo los penalistas Jaime Winter y Felipe Etcheberry ante el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago.

En el escrito, el empresario acusa a Budinich de tener un conflicto de interés al haber participado del comité de vigilancia de Credicorp, acreedor de Sartor. A su vez, se lo acusa de irregularidades al no haber opuesto defensa ante las demandas ejecutivas de ASB Bank, perteneciente al Grupo Credicorp, por un monto superior a $9 mil millones que perjudicaron el patrimonio del fondo.

Frente a la acción penal, el abogado de Budinich señaló que la arremetida de Larraín carece de base, argumentando que las actuaciones de su defendido han contado con el respaldo del regulador.

“Los hechos que se le imputan a nuestro cliente tienen como fundamento un supuesto conflicto de interés con uno de los acreedores de los fondos administrados por Sartor AGF. Sin embargo, estos hechos ya fueron revisados por la CMF, en el marco de un proceso de remoción que inició el propio Sr. Larraín en contra de nuestro cliente, descartando el Consejo de la CMF un posible conflicto de interés, ratificando en su cargo a nuestro cliente”, añadió Merino.

La defensa enfatizó que la liquidación de los fondos cuestionados en la querella fue analizada y aprobada por la CMF, e incluso un recurso de reposición presentado por Larraín sobre este punto fue rechazado. Por ello, Marino calificó como “absurdo” pretender que existió una administración desleal cuando la gestión “estuvo en todo momento bajo la supervisión de la CMF, organismo que revisó y aprobó cada una de las decisiones que adoptó nuestro cliente”, dice el abogado.

Para el defensor de Budinich, la querella se percibe como una maniobra distractiva frente a las responsabilidades de la administración anterior de Sartor. Según Merino: “La querella presentada por el Sr. Larraín no tiene ningún sustento legal, y parece más bien una acción que busca intentar evadir las responsabilidades administrativas, civiles y penales que le corresponden a las personas que formaron y administraron Sartor AGF durante más de nueve años.”

Asimismo, el abogado señaló que “resulta reprochable que el Sr. Larraín instrumentalice el sistema penal, efectuando acusaciones gravísimas que carecen de todo fundamento.”

Respondiendo a la comunicación de Merino, el abogado de Sartor Jaime Winter dijo: “Las querellas presentadas y admitidas a trámite contra la presidenta de la CMF, Solange Berstein, y su liquidador designado, Ricardo Budinich, son por graves delitos cometidos. En el caso de Budinich, hay abundante evidencia de que realizó una administración desleal en contra de los aportantes y accionistas de Sartor, al favorecer sistemáticamente a su ex empleador, el grupo peruano Credicorp, llegando incluso a no oponer excepciones en juicios ejecutivos dejando a los aportantes en la más completa indefensión. Hasta la fecha, los aportantes no han recibido ni un peso de sus fondos, mientras que el grupo peruano Credicorp ha recibido una alta suma de dineros.”

Avances en la quiebra

En paralelo a esta disputa, el proceso de quiebra de Sartor continúa. En concreto, el pasado 13 de enero se llevó a cabo la primera Junta de Acreedores. En dicha instancia se fijaron reuniones periódicas empezando el tres de marzo y se pactó la venta de un inmueble por $71.800.000.

Según el balance adjuntado en la causa a la fecha del 30 de octubre del año pasado, los pasivos de Sartor AGP superan los $3,85 mil millones, siendo los principales acreedores las AGF Toesca y Ameris Capital.

A finales del año pasado, Larraín también inició acciones legales contra la presidenta de la CMF, Solange Berstein, acusándola de emitir una opinión anticipada respecto a las históricas multas aplicadas por el regulador a la AGF y sus directores.

El 29 de noviembre de 2025, la presidenta de la CMF concedió una entrevista a Pulso y en ella se le consultó por la acción penal presentada en su contra por Larraín. Bernstein contestó:

“No he sido notificada. Sin perjuicio de eso, yo creo que vale la pena comentar que, como CMF, hemos actuado dentro del marco legal, con las facultades que tenemos, y así ha sido ratificado por tribunales. Hasta ahora las decisiones de las CMF han sido efectivamente ratificadas en tribunales y se actuó dentro de las facultades que tenemos”.