Cumpliendo con el plazo fijado en el oficio que envió la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) finalmente explicó la polémica en torno a la contratación de seguros de responsabilidad civil del organismo, y que se da en el contexto de las responsabilidades de ese organismo por el mega apagón de febrero pasado.

A través de una declaración pública de ocho puntos, el CEN salió al paso de las críticas en torno a la presunta ilegalidad o mal uso de estos seguros y afirmó que un artículo de la Ley dispone que el organismo debe proporcionar defensa legal a los miembros de su Consejo Directivo y que responderá civilmente por los hechos en que aquellos incurran en el ejercicio de su cargo.

“Esto justifica que se adopten medidas preventivas adecuadas para resguardar dicha responsabilidad”, afirmó.

En el documento entregado a la prensa, el CEN dijo que para dar cumplimiento a este mandato, ha mantenido contratada desde su creación en el año 2017 una póliza de responsabilidad civil tipo D&O (Directors & Officers), instrumento estándar ampliamente utilizado en entidades públicas y privadas, que forman parte de las buenas prácticas de gobernanza para proteger a directivos y ejecutivos ante imputaciones por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones.

Según el CEN, esta medida no cubre conductas dolosas y busca proteger sus recursos de forma institucional frente a eventuales gastos jurídicos, evitando que se afecte el cumplimiento de funciones esenciales para la operación continua del Sistema Eléctrico Nacional.

“Este tipo de pólizas es una práctica habitual en entidades que cuentan con órganos colegiados de alto nivel decisional, como ocurre en empresas del Estado y organismos autónomos”, afirmó.

La contratación de este seguro había levantado polémica debido a las dudas de si estaba financiado por los consumidores, a través del pago de las boletas de luz. Hay que recordar que el presupuesto del Coordinador Eléctrico Nacional se financia con un cargo en la boleta de los usuarios.

En esa línea, el ministro de Energía, Diego Pardow, sostuvo que “no corresponde que el cargo por servicio público financie una cobertura de un seguro de responsabilidad a personas de los miembros del Consejo, que tienen un estatuto especial de responsabilidad conforme a la ley”.

Con todo, en su declaración, el Coordinador comunicó que los integrantes de su consejo, ante la eventual imposición de sanciones administrativas, estas serán absorbidas de manera individual por cada uno de los eventuales sancionados.

“Estas pólizas no interfieren ni atenúan nuestras obligaciones legales, ni exime el deber de rendir cuentas, ni de preparar activa y responsablemente nuestra defensa”, afirmó.