La situación fiscal del país es compleja. Algunos la llaman de estrés fiscal, pero en el equipo económico de José Antonio Kast la prefieren denominar derechamente “de emergencia”. Y por lo mismo los equipos del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y del próximo director de Presupuestos, José Pablo Gómez ya están trabajando en las distintas fórmulas para comenzar desde el “primer día” a buscar los espacios para recortar los prometidos US$6.000 millones.

Aunque el resultado del cierre fiscal de 2025 fue peor del previsto con un balance estructural que llegó a -3,6% del PIB y uno efectivo de -2,8% del PIB, en del equipo económico dicen que no fue una total sorpresa y que estaban en el rango que se tenía como supuesto de trabajo.

Con las cifras ya cerradas, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) empezaron a elaborar las directrices para materializar el ajuste fiscal, el que se comenzará a materializar en fases.

Para darle el sentido de urgencia, fuentes conocedoras del trabajo interno afirman que la primera parte de ese plan comenzará inmediatamente asumido el 11 de marzo y, por lo mismo, ya se emitió hace unas semanas un instructivo a los futuros ministros para que comenzaran a planificar el plan de recorte.

El mismo instructivo contextualiza el escenario fiscal que tendrá esta nueva administración y por ello recalca la idea de llegar a balance fiscal durante la próxima administración. Una de las frases que más se repite en las conversaciones internas es que debe recuperar el “orden de las cuentas fiscales”. Y a eso apunta la primera medida que se implementará.

El instructivo detalla que el Plan de Ajuste Fiscal contempla reducciones de gasto provenientes de tres fuentes: combate a los abusos y el fraude; mayor eficiencia del gasto y austeridad fiscal. De acuerdo a texto, el instructivo aplicará a todos los servicios cuyo presupuesto se aprueba en la ley de Presupuesto del Sector Público 2026.

El texto se desglosa que la primera fase del Plan de Ajuste Fiscal contempla una reducción en el límite de gasto definido para el año 2026 de US$ 3.000 millones que se suma a lo recientemente informado por el Ministerio de Hacienda: una reducción de gasto de US$ 800 millones. Así, en suma, el recorte total alcanzará los US$3.800 millones.

Para implementarlo, las reparticiones deberán enviar los antecedentes que requiera la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda a más tardar el 18 de marzo, dice el instructivo. Asimismo, cada ministerio deberá incorporar en sus propuestas la información correspondiente a todos los servicios que dependan de su jerarquía y será responsable de asegurar el cumplimiento de las instrucciones impartidas, sin excepción.

Quienes conocen el trabajo de este instructivo enfatizan que la gestión para que el ajuste presupuestario se traduzca en una reducción efectiva del gasto público será responsabilidad de cada ministerio, subsecretaría y servicio. No obstante, el trabajo de seguimiento y asesoramiento del avance del recorte estará radicada en la Dirección de Presupuestos.

El instructivo resalta que el ajuste tiene carácter permanente y, en consecuencia, su análisis deberá considerar tanto el efecto en el año 2026, como sus efectos en el mediano plazo. El documento de tres páginas, al que accedió Pulso, dice que los ajustes que se realicen en el año 2026 serán parte de la base de formulación del presupuesto para 2027, dada la naturaleza permanente del ajuste y su efecto será extendido a los años siguientes.

Los otros US$ 3.000 millones de los US$ 6.000 millones comprometidos deberán ajustarse en la Ley de Presupuesto 2027, que será el primer presupuesto elaborado por el gobierno de Kast.

Las distintas fórmulas del ajuste

El instructivo plantea una rebaja pareja de 3% del gasto de cada partida presupuestaria: en primera instancia esta reducción será aplicada por la Dipres en forma uniforme a cada subtítulo de gastos, afirma en reporte. “El ajuste es ineludible, por lo que es imperativo que todos los ministerios contribuyan a la identificación de abusos, y espacios de eficiencia, tanto administrativos como programáticos sin excepción”, enfatiza el documento.

Quienes conocen este proceso afirman que si bien el objetivo es que todos los ministerios recorten su gasto en 3%, reconocen que es probable que no todas las reparticiones lo puedan hacer de manera pareja, puesto que hay rigideces o gastos comprometidos, lo que haría inviable el ajuste en esa magnitud.

“El instructivo es claro y apunta que todos aporten por igual, pero es probable que cuando se esté en el gobierno y se vean los datos y la realidad de cada ministerio algunos tengan que recortar más para suplir lo que otros ministerios no puedan hacerlo”, señala un conocedor del proceso.

La economista de Libertad y Desarrollo (LyD), Macarena García, apoya la fórmula escogida. “Un recorte parejo es más fácil de lograr. Evita las presiones políticas particulares y es el mismo ministerio el que define en qué gastos se puede cortar y no la autoridad central, lo que podría ser contraproducente”.

En este escenario, la experta sostiene que si bien esta puede ser una buena medida de corto plazo, “para contener rápidamente el aumento del déficit frente a los posibles menores ingresos de este año no es lo mejor a implementar como medida permanente, porque la ineficiencia en el gasto no es pareja por ministerio. Para aquello se requiere de una revisión profunda y que genere reducción de gastos en forma permanente, lo cual toma tiempo y mucho trabajo”.

Otra visión entrega el economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz, quien sostiene que realizar un ajuste parejo tiene sus riesgos: “Aplicar una regla general de ajuste tiene riesgos en la medida que este recorte no estaría focalizado en partidas de gasto predeterminadas. Cada ministerio debería decidir donde aplicar dicho ajuste, lo cual podría afectar a partidas que tienen efectos económicos diferenciados, como, por ejemplo, lo relacionado con el gasto de capital en desmedro del gasto corriente”. Y agrega: “Considero que sería prudente establecer un ajuste de gasto diferenciado para priorizar la ejecución del total de gasto de capital”.

Para tener un orden de magnitud en montos por ministerios, Ortiz calculó el aporte que deberá hacer cada ministerio. “Por la escala del presupuesto y por tipo de ministerio, las cifras difieren significativamente”, afirma. En el desglose, el economista explica que, considerando el presupuesto vigente, Educación sería en teoría el ministerio que más aportaría en recursos con US$ 582 millones, seguido por Salud con US$ 575 millones y Trabajo con US$ 562 millones. En suma, estas tres carteras completan más de la mitad de los US$3.000 millones que se requieren, ya que superan los US$1.700 millones.

Precisamente son estas tres secretarías de Estado las que tiene más compromiso de gasto asignados y eso al interior del equipo económico lo están analizando. Por lo mismo, quienes conocen ese trabajo afirman que una vez instalados y con el primer mapeo realizado por los ministerios se comenzaría a hacer un “doble clic” para ver si se logra ese 3% o bien se tendrá que recurrir a otras reparticiones.

Otro de los ministerios importantes en montos es Vivienda que aportaría US$222 millones y luego Obras Públicas con US$146 millones, los que sumado a los tres anteriores totalizarían US$2.087 millones de los US$3.000 necesarios.

“Hay distintos grados de compromiso en los ministerios. Sin embargo, de acuerdo a la información entregada por la Dipres en la discusión de la Ley de Presupuestos del 2026, son pocos los ministerios que tienen compromisos por leyes permanentes que superan el 80%”, puntualiza Macarena García.

Entre ellos, la experta menciona Educación con 93%, Trabajo, con 94% y Transporte con 88%, “lo que muestra que la mayoría de los ministerios tienen espacio para el recorte anunciado. Espero que en aquellos que el ajuste implique reducir algún gasto social prioritario se evalúe particularmente si es que se puede recortar y en cuánto”.

Criterios para el ajuste

Dentro del trabajo que realizó el futuro equipo de Hacienda, el informe delinea 14 criterios sugeridos para que cada ministerio y servicio realice un diagnóstico adecuado.

Entre los criterios mencionados está la revisión de contratos de servicios como arriendos, aseo, mantenciones con foco en la austeridad fiscal; terminar con los abusos funcionarios como lo sucedido con las licencias médicas o en la prestación de servicios que realice la institución; la revisión de la distribución de personal por funciones de la institución y limitar la duplicidad de funciones.

Otro eje apunta a la revisión de ausentismo de cada institución, en especial aquellos servicios con unidades descentralizadas. También se sugiere revisar de concursos no realizados a marzo 2026, ordenando detener todo concurso y nueva contratación que no esté cerrada ni con proceso de trámite al 10 de marzo.

También se instruye la revisión y priorización de inversiones que estén desarrollando servicios que dependan de su institución; el no reemplazo de funcionarios por enfermedad o por cualquier causa legal que lo genere, excepto postnatal y enfermedad de hijo menor de un año.

Además se plantea analizar los resultados de la oferta programática vigente y detener el inicio de nuevos programas en transferencias, sin excepción.

También se pide revisar las suscripciones y cuotas de organismos internacionales que dependan del Ministerio o que se relacionen con el Ministerio por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores; y detener cualquier nuevo estudio y asesoría, hasta nuevas instrucciones y cualquier gasto que al 10 de marzo no importe una obligación legal y que pueda contribuir al ajuste permanente. Otra instrucción apunta a revisar los contratos de servicios de estudios e investigaciones con personas naturales o jurídicas. “Detener cualquier nuevo estudio y asesoría hasta nuevas instrucciones”, dice el instructivo fechado en febrero de 2026.

El plan de trabajo considera que el resultado de este ajuste deberá comenzar a quedar reflejado en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, el que debe ser publicado en abril, el primero de la administración Kast y de la dupla Quiroz-Gómez.

La meta fiscal

Todo el proceso de ajuste y la celeridad con la que se quiere aplicar tiene como objetivo marcar las bases para la planificación de la ruta fiscal que el gobierno entrante debe fijar en el decreto a publicar durante los primeros 90 días.

Uno de los compromisos es precisamente llegar a balance fiscal estructural al final del periodo. Quienes conocen este trabajo afirman que esa meta está vigente, pero que para definir la trayectoria se deben tener el panorama completo de la situación fiscal.

“Con el ajuste de gasto de 3% anunciada ya debiera reducir el déficit de 2,7% del PIB a cerca de 1,5% del PIB si es que la proyección de ingresos de cumple. Por tanto, esperaría que promulgue un nuevo decreto, partiendo con un balance estructural en torno a -1,5% para el 2026 y sin duda llegando a 0% hacia fines de su administración. La meta de deuda espero la mantenga en 45%”, subraya Macarena García.

Ortiz concluye que “es imperativo que el Ejecutivo defina una trayectoria creíble de consolidación fiscal”.