El reciente informe de la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica, ha generado indignación. En buena hora.

Durante los últimos años hemos conocido múltiples casos de fraude masivo en la emisión de licencias médicas: redes organizadas con médicos que venden documentos falsos, intermediarios que contactan a trabajadores públicos y privados, y sistemas de validación que simplemente no funcionan. Un caso reciente, revelado por la prensa, involucró a un clan familiar y a profesionales extranjeros que emitieron miles de licencias irregulares, con un perjuicio fiscal que supera los $4.000 millones.

Desgraciadamente, estas no son situaciones aisladas ni errores administrativos menores. Son ataques sistemáticos al sistema de seguridad social de nuestro país. Un sistema que, cuando funciona bien, protege a quienes están enfermos, permitiendo que se recuperen sin perder su ingreso. Pero cuando se deforma y se transforma en una vía para obtener rentas sin trabajar, no solo se produce un daño financiero, sino que se erosiona el pacto de confianza que sostiene al sistema. La percepción de que los beneficios se entregan sin control ni mérito termina por deslegitimar al Estado y amenaza la sostenibilidad de este mecanismo esencial de la protección social.

Esto es especialmente grave en el sector público. Los datos muestran que los funcionarios públicos usan más del doble de días por licencias médicas que sus pares del sector privado. Mientras que el promedio nacional es de 15 días al año, en el sector público supera los 33 (OCEC 2023). En 2023, el 52,5 % de las cotizaciones de Fonasa fueron destinadas a financiar subsidios por incapacidad laboral, en Isapre alcanzó el 35,2 %. Así, el gasto total en licencias médicas superó el 1,3% del PIB ese año.

No podemos seguir normalizando este abuso. Se requiere una reforma profunda al sistema. En un informe reciente publicado por Horizontal propusimos una agenda concreta de medidas para recuperar el orden: limitar la duración máxima de las licencias, establecer tasas de reemplazo decrecientes (como ocurre en la mayoría de los países), unificar el sistema entre el sector público y el privado, reducir los días de carencia a dos –aplicable a todas las licencias, independiente de su duración—, crear una contraloría médica en Fonasa, sancionar a los servicios públicos que no actúen para recuperar pagos indebidos, entre otras medidas.

Además, es clave fortalecer y modernizar el control. La masificación de las licencias médicas electrónicas fue un gran paso en esa dirección, pero resulta claramente insuficiente si no se complementa con fiscalización efectiva. Es imprescindible, por ejemplo, detectar en tiempo real a médicos que emiten una cantidad desproporcionada de licencias de forma injustificada o cruzar datos para identificar a trabajadores que emiten boletas mientras se encuentran con reposo médico.

El sistema de seguridad social no puede ser rehén de la negligencia ni de la corrupción. Defenderlo requiere, primero, reconocer que hoy está siendo vulnerado de manera sistemática. Y luego, actuar en consecuencia.

*La autora de la columna es economista y parte del centro de estudios Horizontal