Jamás se lo esperaron. Pero la resolución llegó el 27 de octubre pasado a través del Tribunal Superior de Antioquia y su sala civil especial de restitución y formalización de tierras: Reforestadora del Sinú, un brazo de Megeve, el holding de la familia Solari Donaggio (Carlo, Sandro y Pietro) que desde hace quince años invierte en bosques en Colombia, deberá devolver algunas de las tierras que compró y sembró, porque presuntamente éstas fueran arrebatadas décadas atrás por la violencia política que asoló a ese país.

“El hecho que (Reforestadora del Sinú) haya invertido en el sector forestal, supuestamente por invitación pública y/o atraída por los incentivos de los gobiernos de entonces o de turno, no la hace per se adquirente con buena fe exenta de culpa, como quiso hacerlo ver, pues aparte de quienes revisten condiciones de segunda ocupación, la Ley 1448 de 2011 ni la Corte Constitucional han previsto excepciones, dispensas o prerrogativas para adquirentes, como la acá opositora, amparada en alguna suerte de aval o estímulo del Estado; antes bien, sabiendo que la zona había sido azotada años atrás por notorios y difundidos fenómenos de violencia generalizada, cuyo conocimiento se desprende cuando señaló que al momento de adquirir en ese sector la situación de orden público ‘se había normalizado y mejorado notablemente’”, indica el fallo de la justicia colombiana que les dio tres días para salir de los que eran sus campos, dejando adentro las plantaciones y mejoras que realizaron, sin derecho compensatorio alguno.

“La empresa acudirá a toda la institucionalidad existente para la defensa de lo que consideramos es un fallo usurpatorio, ya sea en las cortes nacionales o en instancias internacionales”, adelanta a Pulso Luis Enei, el chileno responsable de la operación de los Solari Donaggio, también accionistas relevantes de Falabella, en Colombia y que hoy está a la espera de que las autoridades locales oigan sus alegaciones, puesto que asegura que las tierras en disputa fueron adquiridas tras un largo y estricto proceso de revisiones legales, que contó incluso con el apoyo de expertos internacionales.

Es por eso que no descartan acudir organizaciones internacionales como el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial, con sede en Washington, que dirime conflictos entre estados e inversionistas extranjeros. Aunque Enei no menciona directamente la opción, nadie la descarta.

El 5% del negocio

Las tierras en discordia representan casi el 5% de todo lo que Megeve ya había plantado en Colombia, donde silenciosamente había levantado un verdadero imperio forestal al amparo de las nuevas reglas e incentivos para la inversión extranjera, tras recibir hace dos décadas la invitación del propio gobierno de ese país, gobernado entonces por Álvaro Uribe, para invertir en esa economía que estaba devastada por décadas de violencia política y narcotráfico.

De hecho, el plan forestal de Colombia está casi calcado al que hizo de Chile la potencia forestal que actualmente es y que también replicó Uruguay en los 2000.

“Había una política institucional de promoción a la inversión forestal. De atraer inversionistas a extranjeros”, explica Enei, un exoficial de marina que después estudió un magíster en la Universidad Católica, estuvo por siete años en Asia como representantes de CMPC y después volvió a Chile para dedicarse a ventas en la papelera de los Matte. Enei, director del proyecto a través de Orion Services Capital Limitada, fundó Maderas Cóndor en 2000 y después se convirtió en asesor y consultor forestal. Él fue quien detectó esta oportunidad de negocio, junto a Héctor Villalobos, director forestal de la empresa, con quien desarrollaba fondos de inversión privados forestales en el mercado local y asesoraba a distintos países.

Los primeros árboles los puso Reforestadora del Sinú en Córdoba, aprovechando las condiciones naturales de la zona: harta lluvia y sol, que permiten a los eucaliptus crecer rápidamente.

En julio del año pasado, precisamente en el puerto de Córdoba, la Reforestadora del Sinú logró su primera exportación de madera -15 mil toneladas- con destino a España, marcando un hito histórico para ese país. “Seguiremos en la tarea de fortalecer la inversión extranjera en nuestro territorio. Esta es la primera embarcación que sale de Colombia con 15 mil toneladas de madera sacada de Valencia, y para el mes de diciembre se realizará otro envío, con 35 mil toneladas más”, sostuvo el secretario de Competitividad y Cooperación Internacional, Boris Zapata Romero, durante el embarque, según los reportes de la prensa local.

Luis Emei destaca que la madera exportada proviene de plantaciones registradas y certificadas bajo estándares globales –tiene el sello FSC (Forest Stewardship Council) y cumple con las normas europeas-, ya que el plan es abastecer la demanda de celulosa y madera de los mercados más exigentes. En el municipio de Valencia, la firma tiene otras 11 mil hectáreas desarrolladas con esas características y por eso hay tanta desazón y dudas en este grupo empresarial que ya lleva invertidos US$ 60 millones en las zonas de Córdoba y Antioquia, tierras tropicales privilegiadas para el crecimiento de estos árboles. Sin embargo, el “milagro verde” se estrelló con la dura historia de la región.

El Tribunal de Antioquia ordenó la restitución de 264 hectáreas a los ahora herederos de Ramiro Cabrales, un campesino que aseguró haber perdido las tierras que ahora son de los chilenos porque éstos las habrían comprado en un proceso donde estuvieron involucrados los paramilitares. La justicia colombiana desestimó la condición de “buena fe exenta de culpa” alegada por la empresa, que sostiene que la compra se la hizo a un tercero en 2011, bastantes años después de que la violencia se apoderara de toda esa zona.

El tribunal consideró que la adquisición de estos terrenos se realizó en un entorno geográfico e histórico que había quedado “marcado por asesinatos y despojos”. En su defensa, Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia señaló que la pérdida de los predios de Cabrales se dio como consecuencia de que él no pudo pagar unos créditos en 1990 y se los tuvo que vender a un inversionista de Medellín que acaparó miles de hectáreas.

Según Reforestadora del Sinú, ninguna entidad bancaria habría otorgado créditos, menos hipotecas, sin haber realizado un estudio de los títulos, visitado el inmueble para establecer su vocación y verificado las condiciones de tenencia, ocupación y explotación, “o haber pasado por alto que la zona estaba afectada por fenómenos de violencia generalizada que le impidieran eventualmente al tomador del crédito el uso o disposición normal del bien”, resume en sus alegatos. Cabrales añadió en sus declaraciones -murió en medio del proceso- que en su desesperación le vendió las tierras a Ramiro Vélez Toro, un periodista bien conocido en esa zona, quien después se las vendió en 2010 al inversionista Rafael Argumendo Figuera (también fallecido). Fue a él a quien le compraron los chilenos.

US$ 15 millones del IFC

El tribunal acusó a los chilenos de haber “realizado compra masiva de tierras en zonas duramente golpeadas por el conflicto armado, como el corregimiento de Jaraguay, entre otras, y solamente en el departamento de Córdoba cuenta con al menos 8.000 hectáreas con cultivos de teca y otras especies maderables”.

De acuerdo al fallo, la situación es complicada para los chilenos, ya que los jueces identifican que para la adquisición de las tierras, Reforestadora del Sinú habría tratado con comisionistas o asesores cuestionados por su pasado paramilitar, una fuerza ilegal de extrema derecha que en los años 90 y 2000 sembró el terror en vastas zonas del campo colombiano obligando a los campesinos a entregarles sus tierras.

Los chilenos reiteran que ellos llegaron con la promesa de garantías y estabilidad para echar a andar un negocio que suponía volver a poner a Colombia entre los exportadores globales de madera y sus derivados y que hasta la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo de inversiones del Banco Mundial, les dio su apoyo en 2019, otorgando un préstamo de US$ 15 millones para expandir el proyecto. Luis Enei destaca que ese “espaldarazo” no fue menor, ya que las inversiones de la IFC suelen ir acompañadas de rigurosos procesos de due diligence en materias ambientales, sociales y legales. Para Megeve, la transferencia del Banco Mundial era una certificación tácita de que su operación cumplía “con los más altos estándares globales”, dice.

Sin embargo, los problemas comenzaron a emerger cuando la justicia colombiana empezó a escarbar en el pasado de los predios adquiridos. Lo que para los chilenos eran compras legítimas, amparadas en estudios de títulos y auditorías legales, para el Estado colombiano eran activos manchados de sangre.

Primeras limitantes

En 2010, Reforestadora del Sinú comenzó a adquirir tierras en Montería y sus alrededores. El plan maestro era monumental: comprar hasta 40.000 hectáreas e invertir cerca de US$ 100 millones para convertir a la costa caribeña en un polo forestal de clase mundial. Hasta ahora, dice Enei, se han colocado US$ 60 millones.

Para 2012, la compañía ya contaba con 8.000 hectáreas. Sin embargo, ese mismo año sufrieron el primer revés regulatorio: la Corte Constitucional de Colombia eliminó artículos del Plan Nacional de Desarrollo que facilitaban la acumulación de grandes extensiones de tierra para Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario, frenando la expansión agresiva que habían planeado.

A pesar de ello, el grupo persistió, cuenta el ejecutivo. Adaptaron su modelo, combinando propiedad privada con contratos de arrendamiento y usufructo, logrando gestionar casi 14 mil hectáreas de plantaciones. Cuenta que incluso construyeron un vivero de alta tecnología capaz de producir 3,5 millones de plantines al año y generaron empleo en una zona deprimida. “El 70% de la fuerza laboral estaba compuesta por mujeres jefas de hogar, nuestra misma gerenta es mujer”, destaca el ejecutivo.

Los temidos Castaño

Pero mientras los árboles crecían, en los tribunales de Justicia y Paz -el sistema creado en Colombia para juzgar a los paramilitares desmovilizados- comenzaban a aparecer testimonios que conectaban las tierras de la Reforestadora del Sinú con algunos de los nombres más temidos de la historia reciente de Colombia: los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El departamento de Córdoba fue el feudo indiscutido de estos paramilitares que convirtieron al lugar en un infierno, según atestiguan diversas crónicas de la prensa colombiana de la época. Entre los años 90 y mediados de los 2000 estos paramilitares ejecutaron una estrategia que muchos llaman “tierra arrasada”: matar o perseguir a pueblos enteros para despojarlos de sus campos.

Una cuñada de los Castaños, sor Teresa Gómez, creó una Fundación para transferir las tierras a testaferros. Años después la justicia ordenó devolver esas tierras en juicios donde bastaban testigos que declararan que la compra fue hecha de mala fe para que se produjeran las devoluciones.

Y ahí apareció Reforestadora del Sinú. El Poder Judicial colombiano sostuvo que los predios adquiridos por la empresa chilena pasaron por manos de los paramilitares. El documento judicial sostiene que Valencia y, en particular, el sector de Jaraguay y la vereda El Polo, fueron escenario de fuerte presencia de actores armados (AUC, FARC, otros grupos) desde inicios de los noventa, con masacres, desplazamientos y un desplome del valor de la tierra. Testigos relatan ahí cómo “los Castaño” y otros bloques paramilitares controlaron la zona, estigmatizaron a la población y provocaron que “las tierras no valieran”.

El fallo reconoce que el predio se encuentra en toda su extensión plantado con árboles maderables con fines comerciales y que deberá ser entregado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que lo explote a través de terceros y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución.