Gobierno pone suma urgencia a proyecto que regula asesores previsionales y financieros e ingresa indicaciones que suben penas y multas a agentes de mercado

21 DE ABRIL DE 2020/VALPARAISO El ministro Ignacio Briones, durante la sesion especial del Senado, citada para conocer las medidas del gobierno en torno a la pandemia del Coronavirus. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Las indicaciones también traen novedades en interconexión de bolsas, un capítulo sobre denunciantes anónimos en la CMF, prohibición de transar valores 30 días antes de la publicación de EEFF, entre otros.




Lleva casi cinco años en el Congreso, y está en su segundo trámite constitucional, pero desde hace un año su tramitación se frenó. Se trata del proyecto que establece nuevas exigencias de transparencia y responsabilidad de los agentes del mercado, que ahora parece reactivarse, luego de que ayer el gobierno le puso urgencia suma e ingresó nuevas indicaciones.

Esto ocurre luego de que la semana pasada el Banco Central llamó a fiscalizar a los agentes que llaman a hacer cambios en multifondos de las AFP: precisamente este proyecto pone bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones a este tipo de asesores previsionales.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló: “Las iniciativas que hemos presentado en el Congreso tienen como norte fortalecer el mercado financiero a través de medidas que impulsan la transparencia y la protección de los accionistas minoritarios. Asimismo, se establecen disposiciones que resguardan a los consumidores en el mercado financiero y se endurecen la sanciones para los infractores. Es de vital importancia que las personas crean en el mercado y para ello se necesitan reglas claras y parejas para todos”.

Las indicaciones

Entre las indicaciones que ingresó el gobierno, pide subir las penas en la Ley de Mercado de Valores para los agentes de mercado que eliminen documentos para dificultar la fiscalización de la CMF, quienes usen o revelen información privilegiada en beneficio propio, entre otros. En estos casos, se subieron las penas desde el actual “presidio menor en cualquiera de sus grados” de la ley vigente, a presidio menor “en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo”.

También aumentaron las multas que puede imponer la CMF a sociedades anónimas y empresas bancarias sujetas a su fiscalización, ya que actualmente la multa es de hasta 15.000 UF, pero ahora se pide que sea de hasta UF 100.000.

Otra indicación establece que dentro de los 30 días anteriores a la publicación de los EEFF de una entidad, no podrán hacer transacciones de los valores emitidos por el emisor cualquiera de los ejecutivos principales de la empresa, así como familiares. Es por esto que deberán anunciar la fecha en que divulgarán sus EEFF al menos 30 días antes.

Por otro lado, las indicaciones agregaron un capítulo sobre los denunciantes anónimos: no calificarán como tales “quienes hayan incurrido en la conducta sancionada o tengan la calidad de víctima de la misma”. La CMF deberá determinar si la persona cumple las condiciones de denunciante anónimo, y el mismo regulador tendrá que emitir una norma para establecer la forma en que funcionará. Asimismo, quien se entere de la identidad de un denunciante anónimo, no podrá revelarla.

Este proyecto también es el que busca la interconexión de bolsas, y las indicaciones establecen que las bolsas deberán adecuar su reglamentación interna a lo que establece el proyecto, y presentar esas modificaciones a la CMF dentro de tres meses desde la publicación de la ley. El regulador tendrá 120 días de corrido para dar su aprobación, salvo que pida información adicional o hacer cambios.

Asimismo, las indicaciones agregaron las recomendaciones que hizo la FNE el año pasado, cuando la Fiscalía presentó contra Bci un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por infracciones en el mercado de los seguros hipotecarios, y recomendó hacer cambios normativos y legales porque “existen algunas disposiciones en la Ley de Seguros (Decreto con Fuerza de Ley N° 251, de 1931) y en la normativa sectorial que regula estas licitaciones que podrían desincentivar la competencia, particularmente entre las corredoras de este tipo de seguros”, dijo en ese momento la FNE.

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