En los últimos días se ha debatido sobre el proyecto de ley que crea incentivos tributarios a la demanda de hidrógeno verde y sus derivados. Algunos han planteado que se trata de un subsidio excesivo y riesgoso para las finanzas públicas. Esa apreciación no solo omite el diseño concreto del instrumento, sino también su efecto multiplicador sobre la inversión, el empleo, la recaudación futura y el bienestar para territorios hoy deprimidos económicamente.

El proyecto no crea un subsidio incondicional. Se trata de un crédito tributario competitivo, temporal y decreciente, adjudicado mediante licitaciones públicas a empresas que demuestren viabilidad técnica y comercial. El beneficio solo se activa si existe venta efectiva de hidrógeno o derivados, y tiene rendimientos decrecientes en el tiempo. No hay gasto sin producción e inversión real. Es un mecanismo de mercado, no de transferencia, que premia eficiencia, madurez tecnológica y generación de valor local. 

Organismos como el FMI y la OCDE distinguen claramente entre subvenciones directas, que implican transferencias de recursos sin necesidad de que exista inversión o producción que las justifique y créditos fiscales, que solo operan si quienes invierten concretan el proyecto y cumplen obligaciones fiscales y legales.

En el escenario máximo, el incentivo podría significar US$ 2.800 millones a lo largo de diez años, con ventas equivalentes entre 760 mil a 1,8 millones de toneladas de hidrógeno verde, lo que induciría inversiones privadas directamente relacionadas con este instrumento, entre US$ 2.600 y US$ 6.300 millones y un efecto multiplicador sobre el PIB entre US$ 15.560 y US$ 38.000 millones.

Por cada peso comprometido, el país podría obtener entre 5 y más de 10 pesos en actividad económica y encadenamientos productivos. A la fecha, hay 84 proyectos de hidrógeno y derivados anunciados en Chile, que solo contemplando los cino que se encuentran en tramitación ambiental en el SEA, representan un potencial de 8 GW de electrólisis y una inversión superior a US$ 40.000 millones. Las regiones de Antofagasta, Magallanes y Bío Bío concentran el 65 % de los proyectos, aportando significativamente al futuro desarrollo regional y a la descentralización.

Estos proyectos no solo crean empleos de calidad; también movilizan metalurgia, construcción, transporte marítimo, servicios profesionales y tecnología, y dejarán infraestructura de puertos, caminos, redes eléctricas y desaladoras disponible para otros sectores. Además, el 1 % de las inversiones de cada proyecto, que podrían ascender a grandes cuantías, se destinará a las comunas donde se instalen, generando desarrollo territorial tangible.

Respecto del argumento fiscal, es relevante subrayar que el gasto está condicionado al éxito de las licitaciones. Si no hay producción, no hay gasto. Si hay producción, hay nueva recaudación, empleo formal y exportaciones. Este no es un gasto estructural, sino una inversión pública de activación económica comparable a las políticas que impulsaron la energía solar o la eólica en nuestro país, cuyos costos bajaron más de 70 % entre 2013 y 2023 gracias a incentivos transitorios en etapas tempranas de desarrollo.

Nuestros competidores directos, Brasil, Australia, Marruecos, Arabia Saudita, por nombrar algunos, ya cuentan con mecanismos similares de apoyo a la demanda. Si actuamos ahora, podemos consolidar un nuevo sector exportador de más de US$ 13.000 millones anuales, equivalente al 13 % de las exportaciones de 2024, y asegurar productos chilenos bajos en carbono, requisito ineludible para acceder a los mercados europeos bajo el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) que comenzará en 2027.

Países que hoy disfrutan del desarrollo, con economías basadas en recursos naturales como Australia, Canadá y Noruega, hicieron en su momento apuestas decisivas por sectores emergentes de alto potencial tecnológico. Esa estrategia les permitió, con el tiempo, sofisticar sus matrices productivas, aumentar la productividad, generar empleos calificados y diversificar sus economías más allá de la extracción de materias primas. Chile tiene hoy una ventana de oportunidad similar con el hidrógeno verde.

*El autor de la columna es director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile)