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“Las personas sí pagaron”: Álvaro García y consultora escalan polémica por cobro en exceso en electricidad

Durante la tarde, las generadoras se reunieron con el nuevo titular de Energía. Ni Álvaro García ni las empresas hablaron con la prensa. El ministro insiste en que el sobrecosto de US$ 115 millones por un doble IPC fue trasladado a los consumidores. Valgesta retruca: "Los clientes hasta el día de hoy NO han pagado por ese error".

MAXIMO SALVADOR

A las 15:00 fue citada la reunión entre el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, con el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme y el comité ejecutivo de la asociación para discutir el Informe Técnico Preliminar (ITP) publicado la semana pasada por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En la reunión estuvieron un grupo de asesores del biministro y los integrantes del comité ejecutivo de Generadoras Jaime Pino, Juan Eduardo Vásquez, Joan Leal y el gerente de estudios, Alex Santander. Ninguna de las partes estuvieron disponibles para hablar con la prensa y lo hicieron solo mediante un comunicado en el que no se refirieron a la polémica del momento: si el doble cobro del IPC en parte de las tarifas eléctricas fue o no traspasado a los consumidores.

“Estamos a la espera de las observaciones que quedaron de realizar las empresas en el marco de los plazos establecidos para que el proceso siga su curso normal”, dijo Álvaro García mediante un comunicado.

Charme, por la misma vía, manifestó que en la reunión “mostramos la visión que tiene la industria de generación y también nuestro espíritu de colaborar en que este procedimiento sea llevado con un alto rigor técnico y que se cumpla la normativa vigente. Particularmente, estamos muy interesados que las correcciones que se realizan al procedimiento pueden verse reflejado en las boletas de las familias chilenas a partir de enero del año 2026″.

La reunión se da en semanas que han sido álgidas en la fijación tarifaria de los precios nudo, aquellos que pagan las distribuidoras a las generadoras por la energía provista. Justamente, el martes 14 de octubre, la CNE hizo una correción metodológica en el ITP, reportando un pago extra a las generadoras por US$115 millones.

El error le costó el cargo al exministro de Energía, Diego Pardow, y al exsecretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla. Tras las salidas, entraron en reemplazo el actual biministro Álvaro García, y Mauricio Funes como secretario ejecutivo (s) de la CNE, respectivamente.

¿Quien pagó?

La polémica ha tenido un vuelco. Parte del error que sacó a Pardow del ministerio fue cuestionado técnicamente el martes pasado por un estudio de la consultora Valgesta Nueva Energía, que indicó que solo US$2 millones han sido pagados por los clientes finales y no los US$115 millones.

La cifra restante habría ido a “documentos de pago”, un instrumento financiero emitido por el Fisco y que fueron vendidos por la generadoras al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros bancos. Aquello permitió a las empresas adelantar los flujos de las alzas de las tarifas eléctricas que deben producirse a partir de 2028 y que, solo entonces, serán traspasados a los consumidores. La tesis de Valgesta fue controvertida por Álvaro García este martes en la mañana.

“Aquí lo concreto es que las empresas han captado US$115 millones de las personas en exceso, por lo tanto, las personas sí pagaron y las empresas sí lo tienen, y eso es justamente lo que queremos devolver”, dijo el biministro de Economía y Energía en radio Pauta. Y agregó: “La empresa Valgesta nunca dice que las empresas no tienen los US$115 millones y eso es lo único que importa”, aunque “a mí me consta”.

“Eso no se ha pagado”, dice a Pulso Ramón Galaz, socio y autor del estudio de Valgesta, que tras los dichos de García, consultora que publicó una versión 2.0 de su minuta. Galaz apunta que “en consecuencia hemos pagado US$2 millones, pero después serán US$113 millones (...) Puede que hayan recibido esos pagos, pero lo que se estaría generando es una deuda que se paga el 2028″.

En detalle, la respuesta de la nueva entrega de Valgesta es aún más enfática: “Las empresas generadoras vendieron estos ‘documentos de pago’ a bancos internacionales (desconocemos si todas lo hicieron), por lo que las empresas generadoras pudieron haber recibido todo o parte de la sobre estimación realizada por la CNE. Este dinero lo recibieron de los bancos que compraron el instrumento, no lo recibieron de los consumidores", insistieron.

“De esta manera, los clientes hasta el día de hoy NO han pagado por ese error equivalente a US$ 113 millones, ya que esos documentos recién se cobrarán a partir de 2028″, insistió el segundo reporte.

“En consecuencia, los documentos de pago emitidos por la Tesorería General de la República contienen un error, ya que la deuda que se reconoce fue mal calculada. La solución a este problema, para que los clientes no paguen un monto errado a partir de 2028, sería que las empresas de generación, bancos y gobierno lleguen a un acuerdo que corrija el problema. Otra fórmula sería que las empresas generadoras que vendieron estos documentos adelanten el pago que los clientes realizarán a partir de 2028, bajo algún mecanismo ad hoc”, concluye el nuevo documento.

La autoridad no ha aclarado si el sobrecosto se trasladó o no a los consumidores, pero el comunicado de la CNE de la semana pasada así lo aseguraba, al transmitir que sería devuelto en las tarifas de enero. “En el informe técnico preliminar emitido el día de ayer, se dispuso la devolución de los montos cobrados en exceso, debidamente reajustados, lo que significaría una reducción aproximada del 2% en las cuentas de electricidad, a contar de enero del próximo año”, dijo entonces la CNE.

El día clave que sigue es el próximo viernes 24, fecha límite para que las generadoras realicen sus observaciones al ITP, tras una solicitud de extensión de plazo por parte de algunas empresas (GM Holdings, Aela Generación y PV Salvador). Esto con el objetivo de realizar una “revisión acabada del citado informe (ITP) y de todos los antecedentes que lo componen, dados los cambios metodológicos que habrían sido aplicados en dicho documento”, según un archivo de la CNE al que tuvo acceso Pulso.

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