Los ejes del proyecto de Responsabilidad Fiscal Regional que prepara el gobierno

Es conocido que en noviembre de 2020, las regiones elegirán por primera vez a sus gobernadores regionales, los que, junto a los delegados presidenciales y el Consejo Regional, tendrán en sus manos las principales decisiones de sus respectivas zonas.

En ese marco un tema resulta fundamental: el financiamiento regional y el marco regulatorio en el que se insertará, de manera que la autonomía no ponga en riesgo la estabilidad fiscal ni macroeconómica del país.

De esa tarea está encargada la mesa de descentralización que lidera la Subsecretaría de Hacienda, en la que participa la Dirección de Presupuestos y parlamentarios de todos los sectores de la denominada bancada regional.

Según fuentes conocedoras del proceso, la instancia tiene programada una apretada agenda de 5 sesiones de las cuales ya se han realizado dos- para recoger las propuestas de los parlamentarios y entregárselas al gobierno.

Paralelamente, afirman las mismas fuentes, la Dirección de Presupuestos trabaja en el diseño del proyecto de Responsabilidad Fiscal Regional, cuyos ejes principales fueron expuestos a los parlamentarios, despejando algunas de las interrogantes que trae consigo la transferencia de competencias que involucra la ley que estableció la elección de gobernadores.

Por lo pronto, participantes de la instancia advierten acerca de dos focos de discrepancia con el Ejecutivo: la autorización a las regiones para endeudarse y el establecimiento de gravámenes específicos a empresas que se instalen en las distintas regiones.

En la exposición realizada por Dipres a los parlamentarios a la que tuvo acceso PULSO, se definieron una serie de principios generales sobre responsabilidad fiscal. Según quienes participan en la instancia de coordinación, serán los ejes rectores del proyecto en el que se trabaja.

En primer lugar, la iniciativa ratificará el compromiso con la política fiscal que se formula siguiendo una regla de gasto, con una meta anunciada a comienzos de cada administración, una Política de Balance Estructural y un gasto público responsable.

Cabe recordar que en la actual administración el compromiso es ir reduciendo en 0,2% anual el déficit estructural y que, por lo mismo, se buscará que exista coherencia entre la política fiscal regional y nacional, potenciando el rol del Consejo Regional en la administración financiera y la capacidad fiscalizadora interna en la administración fiscal, junto con la Unidad de Control de los mismos Gores. Esto, a su vez, será supervisado en su ejecución presupuestaria por el Gobierno Central.

En el marco de esta autonomía de las regiones, varios de sus representantes plantean que deberían tener la posibilidad -así como la tiene el Gobierno Central- de contraer deuda. Sin embargo, a modo de diagnóstico, en el Ejecutivo plantean que en los países más desarrollados, los gobiernos subnacionales contraen más deuda, mientras que los gobiernos federales (como EEUU) tienen más deuda que los países unitarios (como Chile), lo que "determina el campo de acción de las medidas que fortalezcan la descentralización en Chile".

Otro punto de roce tiene que ver con el establecimiento de impuestos específicos a empresas que se instalen en regiones.

Consultado sobre el punto específico, quien lidera el trabajo de la mesa de financiamiento fiscal regional, el subsecretario Francisco Moreno, planteó que "nos interesa hablar de rentas regionales desde la perspectiva de todos aquellos recursos que puedan recibir las regiones, no estamos por la creación de impuestos específicos. Sin perjuicio de lo anterior queremos analizar cómo modernizar la legislación y fortalecer los gobierno regionales".

Respecto de los plazos para el ingreso de la iniciativa al Congreso, el gobierno no quire comprometerse, pero deber ser 2019.