Una vez que culmine el receso semanal por Fiestas Patrias, la Cámara de Diputados deberá conformar la comisión especial investigadora que impulsó el diputado José Montalva (PPD) por el “caso Cerimedo”.

La indagación se basa en las revelaciones que atañen al consultor político, estratega digital y periodista argentino de 45 años, Fernando Cerimedo, conocido en Sudamérica por liderar cuestionadas campañas de comunicación digital y por cultivar “granjas de bots” para diversos líderes y partidos de derecha.

Actualmente se encuentra detenido en Bolivia, tras ser imputado como el presunto autor intelectual del intento de femicidio de su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, quien señaló que Cerimedo estuvo detrás de las campañas del segundo plebiscito constitucional y de la que llevó a José Antonio Kast a ser electo Presidente de la República.

Desde la oposición tomaron la decisión de arremeter contra el gobierno de Kast por dos vías paralelas: la mencionada comisión de fiscalización en el Congreso y una investigación penal que está llevando adelante el diputado Juan Santana (PS).

La estrategia, sin embargo, es delicada. Otros casos que han tenido cursos paralelos, en sede judicial y parlamentaria, por lo general terminan complicando la asistencia de los invitados, que optan por no acudir a las comisiones de diputados, amparándose en que hay una investigación penal simultánea.

A pesar de ello, Santana y Montalva defienden la estrategia.

“Las comisiones investigadoras evalúan actos de las instituciones públicas, actos de las instituciones del Estado chileno y, en situaciones como esta, donde además no hay legislación vigente que permita regular el uso de los robots digitales o de herramientas de la inteligencia artificial o de internet, no es tan fácil poder identificar infracciones administrativas o infracciones penales cuando se hace uso de estas herramientas”, asegura el diputado PS.

Montalva, por su parte, añade que “la investigación penal y la comisión tienen objetivos totalmente distintos. La Fiscalía debe determinar si hubo o no delitos y responsabilidades penales; en cambio, nosotros queremos esclarecer quién está detrás, cómo se financian estas operaciones de manipulación digital, revisar cómo actuaron las instituciones; determinar eventuales responsabilidades políticas; y qué herramientas faltan por parte del Estado para proteger nuestra democracia”.

“Una investigación penal no puede significar nunca que el Congreso renuncie a su deber de fiscalizar y ver la forma en cómo fortalecer las instituciones. Para eso son las comisiones especiales investigadoras”, enfatizó el otrora delegado presidencial.

Asesores presidenciales en la mira

Respecto de los invitados de la instancia investigadora de la Cámara, el diputado Santana adelantó que “voy a solicitarle a quien sea el presidente o la presidenta de esta comisión que pueda citar al señor Alejandro Irarrázaval, quien es jefe del Segundo Piso, de los asesores del Presidente Kast y una persona muy cercana al actual presidente”.

“Y, por otra parte, al señor Felipe Costabal, quien es el director de la Secom a cargo de la Secretaría General de Gobierno. Ambos conocieron a Fernando Cerimedo en el Comando del Rechazo”, agregó el socialista.

El representante de La Araucanía, en tanto, añadió que “es importante escuchar a las instituciones que tenían responsabilidades frente a estos hechos: Servel, organismos de seguridad, ciberseguridad, policías y las autoridades que correspondan”.

“También personas que están ocupando hoy día cargos de gobierno que también sería importante que aclararan ciertos hechos, que no se pueden prejuzgar, pero que sí son relevantes para esta investigación”, señaló Montalva, en referencia a los asesores que son del círculo íntimo del Presidente Kast, Irarrázaval y el mencionado Costabal.

El diputado Daniel Manouchehri (PS), quien también ha estado detrás de esta ofensiva, planteó que en la lista de citados a la comisión también se debe incluir a Cristián Valenzuela, asesor estratégico y jefe de contenidos en el Segundo Piso de La Moneda, y al presidente de Codelco, Bernardo Fontaine. “Chile merece la verdad. Queremos saber quién estuvo detrás de campañas de desinformación, difamación y amedrentamiento. Irarrázaval, Valenzuela, Costabal y Fontaine tienen que responder”, expresó Manouchehri.

Dado que se trata de una comisión especial investigadora, desde el gobierno de Gabriel Boric existe una doctrina que obliga a los asesores presidenciales a concurrir.

Ese criterio quedó zanjado por la misma Contraloría ante la queja levantada por la derecha por la resistencia del entonces jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (FA), a asistir a una instancia fiscalizadora por las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones sin fines de lucro.

El actual gobierno de Kast se ciñó a la doctrina e Irarrázaval concurrió ante la citación de la comisión que investiga eventuales irregularidades en la gestión de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert.