La llegada de una nueva administración a La Moneda en marzo de 2026 no sólo significará aplicar con urgencia una serie medidas del ámbito económico contenidas en el programa de gobierno, sino también enfrentar el desafío de nombrar un cúmulo de nuevos cargos económicos clave que puedan, en muchos casos, viabilizar reformas o imprimir el nuevo sello de la coalición a cargo.

Son cargos que van más allá de los ministerios -con Hacienda y Economía como puntales- y de sus respectivas subsecretarías y que involucran a diversos servicios y empresas estatales, con mandos colegiados, con hay renovaciones parciales, como la Comisión para el Mercado Financiero, Codelco y el Banco Central, o unipersonales, como el Servicio de Impuestos Internos, la superintendencia de Pensiones o la Dirección del Trabajo.

Además de seguridad y migración, el eje económico ha marcado todos los debates de los presidenciables Jeannette Jara y José Antonio Kast. Mientras la carta del oficialismo ha enfatizado la idea de recuperar el crecimiento y un ingreso vital de $ 750 mil, el republicano ha propuesto una rebaja del impuesto a las empresas y un ajuste de proporciones en el gasto fiscal. Kast también ha relevado la importancia de recuperar un acelerado tranco de crecimiento.

El mismo 11 de marzo próximo comenzará la cadena de nombramientos de cargos económicos para el nuevo gobierno, lo que se extenderá escalonadamente en sus cuatro años, dependiendo de la duración de los cargos elegidos por concurso público o nominación directa del Presidente de la República.

Sin embargo, el nuevo Mandatario tendrá también a su disposición las llamadas “balas de plata”, una facultad que entrega el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) al gobierno entrante para nombrar directamente y sin concurso público a 12 jefes de servicio. “La definición de cuáles son dichos cargos obedece a la decisión presidencial, de acuerdo a sus prioridades de gobierno. Es importante recordar que esta facultad sólo puede ejercerse durante los primeros tres meses de cada gobierno”, sostienen desde el Servicio Civil.

Según estadísticas del Servicio Civil, los dos últimos gobiernos entrantes han repetido el uso del nombramiento directo en seis cargos clave desde la creación del mecanismo: Dirección del Trabajo, Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Fonasa, Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Indap y Conadi. En los primeros meses de vigencia del actual gobierno, el Presidente Gabriel Boric usó también sus “balas de plata” en las direcciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), del Fosis, la Comisión Nacional de Riego, InvestChile, el Servicio Nacional de Migraciones, y la jefatura de la Superintendencia de Salud.

La urgencia de la CMF

Un mes después de asumir en marzo de 2022, el Presidente Gabriel Boric, nominó como presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a la economista Solange Berstein, quien había reemplazado entonces a Joaquín Cortés (2018-2022). Se trata de una de las primeras nominaciones que deberá hacer el próximo mandatario el 11 de marzo de 2026, el que tiene la facultad exclusiva -otorgada por la ley orgánica de la CMF- para nominar a la cabeza del organismo fiscalizador.

Durante la próxima administración de gobierno también caduca su periodo de seis años la comisionada Bernardita Piedrabuena (de sensibilidad oficialista). La economista deberá abandonar la CMF en octubre del próximo año y su reemplazo debe ser aprobado por la sala del Senado, previa propuesta del Presidente de la República en coordinación con su ministro de Hacienda. El mismo proceso deberá adoptarse para el comisionado Augusto Iglesias (cercano a la oposición), quien también cumple sus seis años en el cargo en octubre de 2026. Los comisionados Catherine Tornel y Beltrán de Ramón, quien asumieron en octubre de 2023, también terminan su periodo durante el próximo gobierno, pero en 2029. La legislación permite reelegir a los comisionados sólo por un nuevo período consecutivo.

El SII en la mira

Luego de la abrupta salida del ingeniero Javier Etcheberry en julio de este año de la cabeza del Servicio de Impuestos Internos (SII) por denuncias ligadas al pago de contribuciones de un bien raíz, el gobierno colocó en forma interina en el puesto a Carolina Saravia, quien deberá abandonar el cargo el próximo 11 de marzo para retomar sus funciones como subdirectora de Fiscalización.

Si bien la ley permite a la autoridad a iniciar un concurso público inmediatamente después de quedar vacante el cargo (julio), también impide que un gobierno saliente, en los últimos ocho meses de su mandato, abra concursos para cargos ADP sin la autorización del Consejo de ADP.

Dada la importancia de este cargo para cualquier gobierno, es usual que las nuevas administraciones “quemen” una de las 12 balas de plata en designar inmediatamente al jefe del clave servicio. Sin embargo, a partir de marzo el nuevo gobierno podría también iniciar un proceso de concurso público para nominar a la jefatura del organismo, el que dura aproximadamente tres meses.

El clave Banco Central

Esta semana el Senado debiera aprobar al nuevo consejero del Banco Central, Kevin Cowan, quien reemplazará el próximo 24 de diciembre a la economista Stephany Griffith-Jones. Se trata de la última designación que hará el Presidente Gabriel Boric en su mandato en el Consejo del Instituto emisor.

Sin embargo, la próxima administración tendrá el privilegio de nominar en poco más de un año al próximo presidente del Banco Central de entre los consejeros en ejercicio en ese momento. La actual timonel del organismo, Rosanna Costa (de sensibilidad de derecha), termina su periodo como presidenta en febrero de 2027, aunque su función como consejera concluye el 29 de diciembre de 2029. Fuentes cercanas al BC no descartan que Costa decida renunciar a su cargo como consejera una vez que deje la presidencia del organismo monetario, lo que abriría la posibilidad de que el nuevo presidente anticipe la nominación de un reemplazo. Todos los consejeros del BC postulados por el presidente deben ser aprobados por la sala del Senado.

El 22 de marzo de 2028, a su vez, La Moneda deberá nombrar el reemplazo del actual consejero Alberto Naudon, quien termina su periodo legal de 10 años y es considerado como cupo de centroderecha. A los otros consejeros les queda mucho más tiempo: Luis Felipe Céspedes fue designado en 2022 y Claudio Soto, en 2024.

El escenario para la Dirección del Trabajo

La Dirección del Trabajo (DT) es un organismo clave para cualquier gobierno. El actual gobierno usó una de las “balas de plata” en marzo de 2022 y puso en el cargo al abogado Pablo Zenteno, quien renunció en agosto de este año para competir como diputado por el distrito cuatro de Atacama, con el apoyo del Partido Comunista. Sin embargo, no fue electo.

En su reemplazo, de manera subrogante, asumió el director regional del Trabajo Metropolitano Poniente, Sergio Santibáñez, quien deberá volver a su cargo original en marzo del próximo año. Al igual como ocurrió en el SII, el proceso elección por concurso público quedó congelado para esta institución. De esta forma, el futuro presidente podría usar una “bala de plata”; o evitar hacerlo y abrir un concurso de ADP a partir de marzo 2026, nombrando un subrogante. Así ocurrió con Javier Etcheberry, quien fue designado como subrogante en reemplazo de Hernán Frigolett y luego fue ratificado en un concurso posterior.

La “bala de plata” del SEA

La jefatura del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha sido usada como “bala de plata” por los últimos dos gobiernos. Valentina Durán, actual jefa del SEA, fue nominada por el Presidente Boric bajo este mecanismo en marzo de 2022 y deberá dejar el cargo el 11 de marzo próximo.

Según la ley, todos los cargos elegidos por este mecanismo directo (“bala de plata”) caducan una vez que asume la siguiente administración. La abogada y máster en Derecho Ambiental por la Universidad de París se desempeñaba antes de asumir como directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Los cuatro años del Sernac

Si bien los cargos por concurso público duran tres años y pueden ser renovados, la dirección Nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tiene un periodo inicial de cuatro años. Andrés Herrera Troncoso asumió como director, tras realizarse el respectivo concurso a través del sistema de ADP, en octubre de 2022. Así, el nuevo gobierno podrá elegir la nueva jefatura a partir de octubre de 2026. Si antes no usa alguna de su docena de balas de plata.

FNE a partir de 2027

El Presidente Boric nominó al abogado Jorge Grunberg Pilowsky como fscal nacional económico (FNE) en 2023 y por cuatro años tras el concurso público llevado a cabo por el Servicio Civil. El cargo del abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho de la Universidad de Harvard quedará disponible a partir de 2027, aunque su puesto puede ser renovado por igual periodo, lo que antes ocurrió con Felipe Irarrázabal, quien estuvo entre 2010 y 2018. A Irarrázaval lo sucedió Ricardo Riesco.

La renovación de Codelco

En el caso de la mayor empresa estatal del país, las renovaciones de su directorio serán fundamentalmente en los dos primeros años de gestión del próximo gobierno. La Presidencia de la República designa, de entre los nueve directores, al presidente del directorio, cargo que hoy ostenta Máximo Pacheco, quien termina su período en mayo de 2026, dos meses después de que asuma el nuevo gobierno.

En mayo de 2026 también cumplen su período otros tres directores electos por el Presidente Boric en 2022: la licenciada en historia Alejandra Wood, la abogada Josefina Montenegro y el representante de los trabajadores en la mesa directiva, Nelsón Cáceres, quien dejará el cargo asumido en mayo de 2022.

El cupo de este último director se designa a partir de una quina presentada por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). En los siguientes años también hay renovación de otros directores, especialmente aquellos elegidos bajo Alta Dirección Pública. En mayo de 2027 concluye el mandato de Eduardo Bitran y Ricardo Álvarez.

Corfo y SEP

Las jefaturas de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), con José Miguel Benavente como vicepresidente ejecutivo; y del Sistema de Empresas (SEP), liderado hoy por Paulina Soriano, quedarán libres a partir de marzo de 2026. Es potestad exclusiva del Presidente de la República nominar a sus reemplazantes, los que no son parte de los cargos elegidos por Alta Dirección Pública.

El consejo directivo del SEP está compuesto por nueve integrantes, tres de los cuales son elegidos por el mandatario. Los otros son nominados por los ministerios de Minería y Economía, entre otros. El sistema supervisa empresas del área portuaria, transporte (como Metro de Santiago y EFE) y servicios (como Correos de Chile y Casa de Moneda).

Superintendente por 12 años

La era de Osvaldo Macías al mando de la Superintendencia de Pensiones podría batir récords. El ingeniero comercial de Universidad Católica asumió por primera vez el cargo en 2016, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, mediante el sistema ADP y fue renovado en dos ocasiones, terminando un período de nueve años en junio de este año. Pero un mes despues, Gabriel Boric lo volvió a renovar por otros tres años, período que termina en octubre de 2028.

Sin embargo, esta podría ser una de las balas de plata en caso de un triunfo de José Antonio Kast, cuyo partido ha sido crítico de la reforma previsional y quizá pretenda tener una mayor incidencia en ese sector.

El INE para 2026

El año 2018 el expresidente Sebastián Piñera usó una de sus “balas de plata” para la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al comienzo de su segundo mandato: pidió la renuncia a Ximena Clark y designó a Guillermo Pattillo.

El Presidente Gabriel Boric nombró al actual jefe del servicio, Ricardo Vicuña Poblete, en agosto de 2023, tras un concurso a través del sistema de ADP. El puesto estuvo vacante desde el 1 de abril de ese año cuando se le solicitó la renuncia a la entonces directora, Sandra Quijada. De esta forma, Vicuña ejercerá el cargo hasta agosto de 2026, plazo que es renovable por tres años más y que puede llegar a un máximo de 9 años.