Michel Jorratt: “No hay dudas de que la reforma impacta a las personas de mayores rentas”

Michel Jorratt, exdirector del SII. Foto: Andres Perez

El socio de Jorratt y Asociados califica la propuesta presentada por el gobierno como una “muy buena reforma”. Menciona que se avanza en equidad tributaria y señala que el sistema dual, desde el punto de vista administrativo, es más simple que el semiintegrado.




El exdirector del SII y partícipe de la reforma tributaria del gobierno de la expresidenta Bachelet, Michel Jorratt, califica la iniciativa presentada por el gobierno como “una muy buena reforma”, ya que aborda dos problemas principales que a su juicio tiene el actual sistema tributario: la baja recaudación y poca progresividad.

En líneas generales, ¿qué le parece la reforma tributaria presentada por el gobierno?

-En términos generales, sin conocer aún el texto del proyecto, pero basado en la minuta explicativa, me parece una muy buena reforma. Nuestro sistema tributario tiene dos problemas principales: baja recaudación y escasa progresividad. El proyecto aborda ambos temas.

¿En qué aspectos se avanza en la progresividad?

-La falta de equidad o progresividad de la estructura tributaria proviene de un tratamiento preferente a las rentas del capital, que permite que las rentas empresariales difieran casi eternamente la tributación con los impuestos personales, mediante su acumulación es sociedades de inversión. En la reforma de 2014 se intentó eliminar este beneficio mediante la tributación de estas rentas en base devengada, lo que se llamó sistema de renta atribuida y que finalmente no prosperó. Este proyecto va en la misma línea, pero por la vía de un impuesto dual y la aplicación de una tasa sobre las utilidades acumuladas en sociedades de inversión, no productivas.

En ese sentido, ¿qué le parece que se haya optado por un sistema dual en lugar de desintegrar el sistema tributario para las grandes empresas? ¿Se avanza en la simplificación del sistema?

-El impuesto dual es también un sistema no integrado. Entre los países con impuesto a la renta no integrados, que son la gran mayoría de los países de la Ocde, hay dos sistemas: el sistema clásico, en el cual los dividendos pagan lo que sería nuestro impuesto global complementario; y el sistema dual, en el que los dividendos y otras rentas del capital pagan una tasa plana, como la que se propone en la reforma, que es del 22%. Desde el punto de vista de la administración, el impuesto dual es más simple que el actual régimen semiintegrado. La razón es que cuando hay integración entre el impuesto a las empresas y el impuesto personal es necesario llevar un control del impuesto de primera categoría que pagaron las utilidades que están siendo distribuidas, para que sea rebajado como crédito en el impuesto personal. En un sistema no integrado, como el dual, eso ya no es necesario.

Sobre los incentivos a la inversión, se reduce la tasa de impuesto a las empresas del 27% al 25%, siempre que esa diferencia se utilice en inversión en I+D. ¿Estimulará eso la inversión?

-Los incentivos tributarios a la inversión son útiles si se gatillan cuando hay una inversión efectiva. Los incentivos propuestos van en esa dirección. Habrá un beneficio tributario cuando exista inversión en investigación y desarrollo y, por otra parte, la tasa de primera categoría se reducirá a 25% siempre que esos dos puntos de diferencia se hayan destinado a gastos que aumentan la productividad. Por ello me parece que son buenas medidas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a incentivos que desgravan las utilidades retenidas, sin importar si se destinan a inversión efectiva. Pero hay consenso entre los especialistas en cuanto a que ese tipo de incentivos no sirven, porque no asegura inversión efectiva, es muy difícil controlar si las utilidades están realmente en la empresa o fueron retiradas, y su principal efecto es desviar ahorro desde las personas hacia sociedades de inversión.

Con respecto al impuesto a las personas, ¿qué le parecen los cambios y el tramo que llega a 43%? ¿Se apunta efectivamente a los que tienen mayores rentas, considerando que parte en 4 millones de pesos el alza de los tramos?

-De acuerdo con las estadísticas disponibles de los impuestos personales, las personas con rentas superiores a $4 millones son aproximadamente el 2% del total, así que no hay dudas de que la reforma impacta a las personas de mayores rentas. Hay que recordar que las tasas son marginales, entonces, para una persona con rentas superiores a $4 millones, el incremento de tasas afecta solo a la parte de sus rentas que excede de ese monto.

El impuesto a la riqueza se dividió en dos tramos y se mantiene la proyección de recaudación en 0,5%, ¿qué le parece esa división de tramos entre US$5 millones y US$15 millones y otro sobre US$15 millones? ¿Se logrará esa proyección de ingresos?

-En un trabajo que hice hace un par de años, estimé una recaudación menor a esa con tasas parecidas, pero basándome en estimaciones que existen sobre el monto y distribución de la riqueza. Pero entiendo que Hacienda hizo las estimaciones con información del SII, lo que es más preciso. De todas formas, para alcanzar la recaudación proyectada creo que es imprescindible que exista una buena fiscalización, haciendo uso de los convenios de intercambio de información con otras jurisdicciones. Para ese fin ayuda mucho que el impuesto afecte a un número reducido de personas, que estaría en torno a seis mil contribuyentes.

El gobierno dijo que se creará un listado específico sobre lo que las personas deben declarar para facilitar la declaración, ¿es una buena medida?

-Es una forma de simplificar la administración del impuesto. Es bueno que existan instrucciones sobre los activos que se deben declarar. Ahí la labor del SII será relevante.

En cuanto a fórmula que se aplicará para el royalty, ¿va en la dirección correcta? ¿Será recaudatorio?

-La propuesta va en la línea de las buenas prácticas en tributación minera, en cuanto a privilegiar la recaudación mediante un royalty sobre utilidades e introducir un ad valorem de tasa baja. El problema de las tasas ad valorem altas, como las que se proponían en el proyecto de ley que se discutió en la Cámara de Diputados, es que elevan los costos de producción, lo que es equivalente a aumentar la ley de corte del mineral y, por ende, desincentiva las inversiones.

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