Giorgio Boccardo partió en el gobierno como subsecretario del Trabajo en marzo de 2022. El año pasado asumió como ministro del Trabajo y Previsión Social (Mintrab) tras la salida de Jeannette Jara, una cartera que en esta administración firmó 38 proyectos de ley, de los cuales 30 fueron promovidos desde ella misma.

Entre las principales iniciativas que personalmente más impulsó, Boccardo destaca la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas y la Ley N° 21.645 de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

“También una coyuntura muy desafiante que no fue un proyecto de ley, fue cómo abordamos el cierre de Huachipato”, afirma. Se propusieron reubicar a los miles de trabajadores dependientes y contratistas que trabajaban en la siderúrgica. “Hemos logrado que cerca del 78% de esas personas hoy estén con un trabajo formal”, asegura.

Y más allá de lo que le tocó impulsar, a nivel general afirma: “Sin duda creo que la reforma de pensiones es el principal legado del gobierno del Presidente Boric. Por su magnitud, por el acuerdo político y social, por el impacto en los beneficios, por el nivel de dignidad que van a alcanzar nuestros pensionados, creo que es la reforma más emblemática, más importante”.

Después del 11 de marzo, Boccardo confiesa que dedicará más tiempo a sus hijos mellizos que pronto cumplirán dos años, y regresará al Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en el cual ha sido académico por unos 15 años.

También planea “tener una militancia bien activa en el Frente Amplio, aunque igualmente hoy la tengo, soy miembro del comité central, pero quiero contribuir a fortalecer el frente de trabajadores del partido, aprovechando la experiencia de estos cuatro años”.

¿Cuáles son los principales logros, que a su juicio, consiguió la cartera que lidera?

-Esta fue una cartera que tuvo una agenda laboral, previsional, ambiciosa, en buena medida porque buscaba responder a muchas demandas que históricamente en el país se habían postergado, varias de las cuales fueron muy visibles en el estallido social, como salarios, pensiones, desigualdades de género, entre otras.

Entendíamos que esta agenda no solo respondía a demandas históricas del mundo sindical, o deudas que se tenían en materia previsional, sino que también era una forma de contribuir a recuperar la cohesión social que en el país se perdió.

Cuando te propones como país un salario mínimo que esté por sobre la línea de la pobreza, y llegas a los $539 mil en cuatro años, lo que estás diciendo es que ningún chileno y chilena que tenga un contrato formal, que tenga una jornada completa por trabajar remuneradamente, podrá estar por debajo de la línea de la pobreza.

Ese es un horizonte normativo que va más allá de los guarismos. Lo mismo cuando te propones que la PGU tenga un piso de $250 mil. Esos pisos que se fueron estableciendo tenían que ver con reconocer el valor del trabajo. Y también la jornada laboral, la reducción a las 40 horas.

Todo eso, en conjunto, hizo que hoy el trabajo tenga más valor en Chile.

Una segunda impronta tiene que ver con haber incorporado en toda la agenda laboral la perspectiva de género. Y esto, además, se hizo con un sello, que fue diálogo social, tripartismo.

En ese sentido, hay ciertos pisos de los cuales uno esperaría que no se retrocediera.

¿Deudas pendientes?

-Diría dos al menos. El proyecto de sala cuna. La verdad es que hicimos un esfuerzo bien importante en los últimos dos años para alcanzar un acuerdo técnico muy transversal.

Ese es un proyecto que tiene efectos económicos de participación laboral femenina, salariales, muy positivos para el país. Resulta un poco inexplicable que a última hora se hayan ocupado algunas excusas, a mi modo de ver, para no concretar un acuerdo que se venía trabajando hace bastante tiempo.

Y la otra, quizás haber avanzado más en el proyecto de negociación colectiva multinivel, que va a requerir, a nuestro juicio, más conversación, más tiempo, (porque) genera muchos resquemores. Pero creemos que había que iniciarlo. Por lo tanto, el objetivo de este gobierno fue más bien iniciar un debate históricamente postergado.

¿Es un pendiente también la debilidad del mercado laboral, con una tasa de desempleo que llegó a 8,3% en noviembre-enero, y donde además las mujeres mantienen una brecha importante versus los hombres?

-Hay que recordar que probablemente nos tocó enfrentar una de las situaciones de desempleo más duras que se conoce desde los 80 en el país. La pandemia nos legó una situación económica, inflacionaria y laboral, con retrocesos de participación en el mercado laboral, que equivalían a una década, por ejemplo, en el caso de las mujeres.

Y esa primera coyuntura de 2022 nos toca afrontarla con herramientas que ajustamos. Eso significó un esfuerzo del Estado de cerca de 2 millones de subsidios y permitió una primera recuperación del mercado laboral en relación a lo que había en la pandemia.

Posterior a ello, lo que hemos planteado con mucha fuerza es que, y esto lo dijeron economistas como José De Gregorio, Andrea Repetto, Juan Bravo, entre otros, que más bien lo que estaba ocurriendo en el mercado laboral chileno estaba asociado a grupos que específicamente estaban teniendo dificultades para insertarse.

Hay un proyecto de ley que nosotros esperamos que se apruebe ahora, de hecho, este lunes, que es el subsidio unificado al empleo, que es una reforma integral al sistema de subsidios, que busca hacerse cargo de ciertas brechas estructurales que hay en el mercado laboral. Y la otra gran herramienta para desatar esto es sala cuna para Chile.

Las reformas que hemos impulsado le entregan una mejor institucionalidad y mejores herramientas al próximo gobierno de las que nosotros tuvimos.

Pero los expertos han advertido que también influye el aumento de los costos laborales por las reformas que se aprobaron en este gobierno, como 40 horas, salario mínimo, reforma previsional...

-Primero, las tres reformas que señala se diseñaron con una gradualidad y con cierta perspectiva propyme, justamente para ir amortiguando esos potenciales efectos.

Segundo, es importante poner en contexto que son reformas que buscaban, también, recuperar ciertos niveles de cohesión social en el país, que son condición base, previa incluso, para que un país opere, funcione, se desarrolle.

También hay un efecto que todavía no está muy bien ponderado, respecto a que por la propia pandemia, incluso previo a que nosotros asumiéramos como gobierno, las empresas introdujeron ciertas tecnologías, empezaron a trabajar en un mercado laboral probablemente con planillas más ajustadas.

Y tercero, si uno incluso va a la discusión a la que nos llevó el Banco Central en su momento, con ese informe donde tuvimos un largo intercambio de posiciones, los potenciales efectos de las reformas, particularmente de salario mínimo, el Banco Central lo situaba de manera muy acotada.

Entonces, yo diría que todavía es temprano para hacer un balance de reformas que están en plena implementación.

Pese a todo este escenario, pese a la pandemia, pese a la situación geopolítica de guerras, logramos alcanzar una cifra de creación de 700 mil puestos de trabajo, que creo que no es menor para todo lo que estamos hablando. Alcanzamos, de hecho, los 9,5 millones de personas ocupadas. Nunca habíamos tenido, en la historia del país, tantas personas ocupadas, y particularmente alcanzamos una cifra récord: 4,1 millones de mujeres hoy están ocupadas.

¿Ve posible reducir el desempleo a 6% como plantea el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz?

-Siempre es desafiante en materia de empleo plantearse objetivos en términos de cifras, porque una parte importante de esos dilemas depende de muchos factores que a veces el Ejecutivo no controla. Pero me parece que como país, cualquier objetivo de empleo debe estar asociado a condiciones de trabajo decentes. Eso es algo en que nosotros insistimos con mucha fuerza. Si en algo este gobierno innovó, es que a través de políticas laborales también está apuntando a combatir la pobreza y la desigualdad. Son reformas que ayudan a la redistribución.

Me parece que así como país nos podemos plantear cifras ambiciosas en materia de desocupación, también nos deberíamos plantear cifras ambiciosas en materia de ocupación, pero que sea en condiciones de formalidad, de salarios dignos, de jornadas razonables, que es finalmente lo que nos va a permitir alcanzar un nivel importante de desarrollo.

Eso evidentemente tiene que estar combinado con ciertas perspectivas de transición que está enfrentando el país, en materia tecnológica sobre todo, porque cuando no lo afrontas hay ciertos grupos laborales que se empiezan a quedar atrás, y muchas veces eso genera malestar, frustración, y ahí la política pública puede hacer una diferencia importante.

De ahí que me parezca que ese sello, o la cifra que el gobierno decida plantearse, y que nunca es fácil, porque es la vara con la que después a los gobiernos nos miden, tiene que ir acompañada de otros factores. Esta idea de que el crecimiento per se es la receta para generar empleo, es insuficiente, y tiene que ir acompañada de otras políticas laborales, salariales, previsionales, de reconversión laboral, y donde ahí sí el Estado hace una diferencia importante en términos de su intervención en la política pública.

Afirma que la reforma previsional es el principal legado de este gobierno, sin embargo, no es el proyecto que pensaron en un principio. ¿Se van conformes, o con gusto a poco?

-El proyecto es un avance muy importante en términos de haber incorporado un seguro social y un mecanismo solidario, intrageneracional y de género en el pilar contributivo del sistema de pensiones. Eso era algo que no existía en el modelo anterior.

Todos esos elementos, además, son muy significativos en términos del efecto que generan. Cuando tienes una política pública que tiene 1.370.000 beneficiados a nivel de los pensionados, más la PGU, más otros beneficios, estás hablando de una reforma que efectivamente cumple uno de los objetivos que nuestro gobierno y los sectores que se encuentran representados en él habían buscado, que era mejorar las pensiones de los actuales y los futuros jubilados, donde uno de los elementos fuera incorporar la seguridad social y la solidaridad. Y una inédita cotización de los empleadores.

Y el otro componente, que es la regulación de la industria, efectivamente en la propuesta original el diseño era distinto.

Apuntaban a terminar con las AFP.

-Pero detrás de ese “no más AFP”, también se presupuestaba un papel más dominante del Estado.

Evidentemente para ese diseño original no teníamos los votos, pero yo diría dos cosas. La primera, es que las regulaciones a la industria en materia de licitaciones, de comisiones, de carteras de referencia que van a castigar también a la industria en caso de que esas inversiones no rindan ciertos estándares; y la participación del IPS potencialmente como prestador de servicios de back office, hacen que con la reforma la industria no sea lo mismo que antes.

Pero evidentemente en una línea más proyectiva, ese componente de los objetivos no se logra, pero sí en términos de los distintos principios que nosotros defendíamos que tienen que tener un sistema de pensiones, en un par al menos se avanza de manera importante, y en otro se deja abierta una puerta.

¿Se refiere a eliminar las AFP a futuro y que el Estado tenga un rol más preponderante en el sistema?

-Cuando uno dice que queda la puerta abierta, es que efectivamente esta es una reforma que permite que algunos de los principios que nosotros defendimos se puedan proyectar en el tiempo, pero en la medida que la actual reforma demuestre que lo que está proponiendo se cumple, y que también sea un camino para en futuras reformas seguir fortaleciendo nuestro sistema de seguridad social.

Tras la salida de Ricardo Matte del consejo directivo del FAPP, hay un puesto vacante pendiente por designar. ¿Quedará para el próximo gobierno?

-Esperamos dejarlo resuelto en este gobierno.