La Polla Chilena de Beneficencia lanzó una nueva ofensiva legal en su lucha contra los casinos en línea. Este miércoles, presentó una querella por lavado de dinero contra seis representantes legales de las empresas procesadoras de pagos (PSP) que facilitan las apuestas en plataformas virtuales.

En 2022, la entidad había interpuesto una querella criminal contra las apuestas en línea, pero en julio de 2025, el Ministerio Público decidió archivar la causa, comunicando al 4° Juzgado de Garantía de Santiago su falta de antecedentes suficientes para llevar a juicio a los acusados.

Sin embargo, tres semanas atrás, el mismo tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por el empresario Sebastián Salazar, propietario de EstelarBet. Salazar, quien se autodenunció en el marco de esta investigación, sigue siendo parte de la indagatoria, que continúa su curso con las querellas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Soledad Ramírez, accionista del Hipódromo Chile, emplazado en la comuna de Independencia.

Esta nueva querella de la Polla Chilena de Beneficencia se enfoca en los representantes legales de las empresas proveedoras de servicios de pago, conocidas como PSP por sus siglas en inglés. Los querellados son: Julio César Romero (ALPS), Claudio Martínez y Juan Andrés Ilharreborde (Nuvei), Juan Pablo Fuentealba (Pronto Pago), Rodolfo Vilches (Kushki), Evans Concha y Sebastián Salazar (Pagadoor), y Roberto Opazo y Emilio Davio (Khipu).

En su escrito, patrocinado por el abogado Isidro Solís, la estatal explicó que Polla Chilena posee el monopolio legal de la apuesta en Chile, en conjunto con otras entidades, como lo son los casinos establecidos; Lotería de Concepción y los hipódromos.

A pesar de lo anterior, planteó, Polla “ha debido soportar la existencia de una serie de juegos de azar manifiestamente ilegales y que despliegan conductas penalmente tipificadas; pero debido a que la propiedad de esas casas de apuestas ilegales se radica en personas naturales y jurídicas rara vez establecidas en Chile, comúnmente desde paraísos fiscales, resulta extraordinariamente difícil su persecución civil y penal, lo que les permite actuar en la más absoluta impunidad”.

Polla explicó que la operación de los casinos online le han provocado un “daño económico a su erario, que en suma corresponde a todos los chilenos”. Pero “el efecto más grave es la adicción que generan estas casas de juegos ilegales en la población en general y en la juventud en particular”, agregó.

Según cifras propias de Polla, en los últimos tres años esta actividad ilegal le ha generado pérdidas por aproximadamente $50.000 millones.

Desde la estatal añadieron que es un perjuicio para todo el país, porque equivale a entre $8.000 y $9.000 millones menos en transferencias desde Polla, por ejemplo, para el Instituto Nacional del Deporte, impactando directamente en el financiamiento de infraestructura y competencias deportivas.

Transacciones

En el marco de su batalla judicial contra los casinos online, Polla indicó que recopiló antecedentes que le permitieron descubrir una serie de personas jurídicas o naturales que participan en el negocio ilícito de apuestas online, facilitando una serie de servicios o beneficiándose de sus productos. Entre ellos están los proveedores de procesamiento de servicios de pago habilitados para realizar la adquirencia transfonteriza.

Según la querella de Polla, el proceso de inscripción y transacciones en los “sitios de apuestas ilegales” requiere que los clientes sean titulares de tarjetas bancarias en el sistema nacional (ya sea de débito o crédito). Para registrarse en estos sitios, deben proporcionar los datos de su cuenta bancaria, lo que incluye detalles como el rol único tributario y otros datos bancarios.

Los medios de pago que se emplean para las transacciones en estos sitios incluyen opciones en Chile como MACH, WebPay, Pago Bancario, Khipu, Visa y Mastercard. A través de estos medios de pago, los fondos se mueven entre las cuentas de los apostadores y los propietarios de los sitios ilegales, siendo gestionados por los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), quienes también son responsables de las transferencias a los operadores de los sitios de apuestas.

Este proceso es clave en el modelo de apuestas ilícitas, ya que el uso del sistema financiero nacional y los PSP facilita el flujo de dinero tanto para los depósitos de los apostadores como para los pagos y devoluciones a los propietarios de los sitios ilegales.

En el caso ejemplificado, se menciona que el uso de estos servicios de pago y la integración con el sistema financiero nacional es esencial para que el “sistema de apuestas ilegales” funcione correctamente, permitiendo tanto la recepción de depósitos como los pagos y transferencias hacia los propietarios de las plataformas de apuestas.