Es un tema que estuvo presente el debate de los candidatos presidenciales pero que en los programas de los tres principales abanderados (según las encuestas) a La Moneda no lo incorporaron. Y actualmente se discute un proyecto de ley en la Comisión de Trabajo de la Cámara se discute que buscar eliminar el tope de años para el pago de 11 meses.

En Chile, esta figura se encuentra regulada en el artículo 163 del Código del Trabajo. A partir de 1981, se incorporó un tope máximo al monto de la indemnización legal por años de servicio, limitando su cálculo a no más de 330 días de remuneración (equivalente a 11 meses, es decir, 11 años de servicio).

Ese factor, para algunos economistas es lo que genera de alguna manera rigidez en el mercado laboral y por ello hay distintas propuestas que aparecen como alternativas para que se consideren en el debate público.

Una de ellas es la que recientemente presentó Horizontal. En el diagnóstico que tienen señalan que “Chile presenta un sistema de Indemnización por años de Servicios que nos sitúa dentro de los países con costos de despido más altos de la OCDE, afectando la movilidad laboral, perjudicando la productividad y la creación de empleo formal”.

En ese sentido, mencionan que “cerca del 40% de los contratos formales dura menos de un año y solo un 20% de las relaciones laborales finalizan con derecho a indemnización por lo que la mayoría de los trabajadores no accede a este beneficio lo que evidencia un sistema inequitativo y disfuncional”.

En el análisis realizado por las investigadoras María José Abud y Soledad Hormazábal de Horizontal y Pedro Pizarro del Instituto Libertad indican que “los trabajadores más perjudicados por la alta rotación laboral son los de menores ingresos. El salario promedio de los contratos que duran menos de 12 meses, por lo tanto, no tienen derecho a este pago, no alcanza los 280 mil, mientras que el de aquellos contratos de más de 5 años supera los 600 mil.

La propuesta

La alternativa que se entrega es un esquema de indemnización a todo evento basado en ahorro individual obligatorio, financiado por una cotización con cargo al empleador. “Se trata de un régimen alternativo, que podrá ser elegido por el trabajador al comienzo de la relación laboral. El régimen actual seguiría siendo la norma general en caso de no mencionar preferencia”, se menciona en el informe.

“El monto de la indemnización a todo evento dependerá de la tasa de cotización”, aclaran y explican que con una cotización adicional de un 1,5% de cargo del empleador se alcanzaría el promedio de número de sueldos que recibe un trabajador al ser despedido en los países de la OCDE (1,1 para 5 años de relación laboral y 2,0 al cabo de 10 años)”, precisan.

En su informen indican que es un sistema independiente del seguro de cesantía, que continuaría sin alteraciones. Además, los trabajadores mantendrán el derecho a demandar por tutela laboral y autodespido.

“Esta reforma permitiría proteger a todos los trabajadores formales mediante un derecho a todo evento y liberar al empleador del actual costo por las indemnizaciones, facilitando la movilidad laboral y contribuyendo al crecimiento del empleo, la productividad y los salarios”, puntualizan.