A 11 años del escándalo financiero con tintes políticos —marcado por facturas y boletas ideológicamente falsas— los caminos del empresario Manuel Cruzat Infante (84), que amasó su fortuna en las décadas de 1970 y 1980, y los de Empresas Penta vuelven a cruzarse.

En mayo de este año, ante el 16º Juzgado Civil de Santiago, Cruzat —junto a su amigo y antiguo socio Juan Braun Lyon (fallecido en junio), CB Consultorías y Proyectos, y Forestal Valparaíso— presentó una demanda de indemnización de perjuicios contra Empresas Penta, Inversiones Penta III Limitada y sus socios, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

A partir de las condenas tributarias y la exposición pública generada a contar de 2015, el Grupo Cruzat afirma que Empresas Penta le habría causado un daño económico proveniente de las liquidaciones y los giros del SII (Servicio de Impuestos Internos), e impedido completamente su acceso al crédito financiero, quedando imposibilitado de desarrollar múltiples proyectos empresariales.

En la acción judicial, el empresario revivió la antigua disputa por los denominados forwards, contratos derivados que comprometen a dos partes a comprar o vender un activo a un precio acordado en una fecha futura. ¿La razón? Según expuso en su demanda, estos instrumentos habrían sido utilizados por ejecutivos de Penta para aumentar artificialmente sus remuneraciones mediante bonos, lo que habría ocasionado cuantiosos perjuicios a sus empresas.

Cruzat solicitó que los demandados asuman el pago de los impuestos girados a las sociedades del Grupo CB -de propiedad de Cruzat- por haber actuado como mandatarias de Empresas Penta, monto que a marzo de este año ascendía a $4.307 millones.

Pero no se detuvo ahí. En su demanda, también pidió que Empresas Penta facilite a una o más compañías del Grupo CB el acceso al mercado de capitales —otorgando las garantías necesarias— o, en su defecto, que entregue directamente el financiamiento requerido, con intereses corrientes, para el desarrollo de siete proyectos inmobiliarios.

Entre ellos se encuentran el Proyecto Inmobiliario La Africana (80 hectáreas), Refinanciamiento y Desarrollo Ilimay (112 hectáreas), Plan de Desarrollo Minero / Etapa 1, Proyecto Planta de Flotación, Traslado y Reubicación Pila N°1 – Parque Industrial Lo Aguirre, Tratamiento de Relaves La Africana – Proyecto Congo, y Fundo Santa Amelia de Población.

“Que se condene solidariamente a los demandados al pago de los impuestos señalados y a facilitar el financiamiento requerido, no porque exista pactada solidaridad ni porque ella se establezca en la ley, sino porque cada uno de los demandados es, conjunta o separadamente, causante de todo el daño”, señaló el texto judicial.

Para sustentar sus acusaciones, Cruzat citó parte de las declaraciones del excontador de Penta, Hugo Bravo, figura clave en el avance de la investigación del Ministerio Público y en la querella presentada por el SII.

Descargos

Frente a lo anterior, a fines de octubre Empresas Penta presentó sus descargos al tribunal. En el escrito que cuenta con 45 páginas, y patrocinado por los abogados Alfredo Alcaíno y Marcelo Giovanazzi, el grupo sostuvo que la demanda de Cruzat está prescrita y la calificó como un “delirio judicial”.

“Esta demanda se enmarca y obedece a una especie de delirio judicial que ha atacado al Grupo Cruzat, que recientemente ha demandado indemnizaciones millonarias, entre otros muchos y nada menos que, al Fisco de Chile, al Banco de Chile, al Banco Santander, al Banco Bilbao Vizcaya, al Banco BCI, a la Municipalidad de Valparaíso, a EuroAmerica Seguros de Vida, a BTG Pactual Chile AGF, a todos con argumentos tan artificiosos como los de esta demanda”, manifestó.

Según Penta, en el mercado chileno hasta 2014, aproximadamente, “era una práctica habitual, aunque irregular, celebrar Contratos de Forward para efectuar traspasos de dineros desde y entre las empresas, con causa justificada, para propósitos tales como: pago de bonos o remuneraciones especiales, y aportes a instituciones sin fines de lucro o a partidos políticos y sus candidatos, los que permitían, además, en algunos casos, aprovechar ventajas tributarias menores como disminuir la tasa de tributación a la renta de los beneficiarios”.

“Lo mismo ocurría en esos tiempos, por ejemplo, con las boletas o facturas ideológicamente falsas (que no obedecían a un servicio o producto real) pagadas al emisor por las empresas y deducidas como gasto tributario por estas, que constituía el modus operandi que por años contribuyó al financiamiento de la política y que tanto escándalo causó porque, a pesar de ser un secreto a voces, cuando se hizo público, afectó a todo el espectro político y empresarial chileno a un nivel tal, que hubo de buscarse una fórmula político-institucional para darle una solución a nivel nacional”, añadió.

“No existe incumplimiento contractual alguno que justifique la procedencia de la presente acción, lo que confirma que recurrieron a este estatuto de responsabilidad simplemente por la inminencia de la prescripción y en un intento infértil de sacudírsela“, concluyó.