Históricamente, el 31 de diciembre ha sido feriado para los bancos en Chile, por lo que no atienden a público, convirtiéndose en la única industria que tiene un feriado especial a nivel nacional.

Sin embargo, eso debería acabar este año: la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ya publicó la normativa que pone en práctica la eliminación del feriado bancario que, según ha dicho el mismo regulador, es algo que en realidad dictó la Ley Fintech. A raíz de ello, los sindicatos de las instituciones financieras están en pie de guerra, anunciando que se preparan para una “gran paralización”.

Pero ahora la polémica por el tema escaló al Congreso. Este martes, los senadores Ximena Rincón (Demócratas), Matías Walker (Demócratas), Fidel Espinoza (PS), Gastón Saavedra (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD) presentaron un proyecto que busca reponer dicho feriado.

La iniciativa, de autoría de la senadora Rincón, argumenta que la eliminación de este día festivo para los funcionarios bancarios no fue un tema que se debatió en el Parlamento en el marco de la Ley Fintech.

“La eliminación de este inciso no fue materia de discusión específica durante la tramitación parlamentaria. No existe en los antecedentes legislativos un debate orientado a analizar la conveniencia o inconveniencia de mantener dicho feriado. Lo que se hizo fue reemplazar la norma completa con un nuevo texto que regula condiciones mínimas de atención al público, sin volver a consignar el feriado del 31 de diciembre”, dice el documento.

Agrega que “este cambio, por tanto, parece responder más a un efecto colateral de la técnica legislativa empleada que a una manifestación consciente de voluntad del legislador en orden a suprimir este día de descanso bancario”.

En este contexto, señala que “la ausencia de discusión específica impide sostener que el Congreso haya querido deliberadamente privar a las instituciones bancarias y a sus trabajadores de un feriado que formaba parte de la tradición normativa. Lo ocurrido obedece a una omisión material, más que a un cambio de política pública discutido y resuelto”.

Los argumentos detrás

Al respecto se argumenta que “esta medida no sólo genera un aumento innecesario en los costos operacionales, sino que además se contrapone con el propio objetivo declarado por la CMF y por la ley que origina esta medida, que es fomentar el uso de tecnologías que mejoren el acceso y la calidad de los servicios financieros”.

Lo anterior, “toda vez que el feriado bancario del 31 de diciembre ha sido, por décadas, una práctica institucional orientada a que bancos y entidades financieras ejecuten procesos internos esenciales para el cierre del ejercicio anual, tales como cierres contables, conciliaciones, ajustes regulatorios y otras tareas administrativas críticas. No se trataba de un feriado tradicional, sino de una jornada técnica indispensable para resguardar la estabilidad y seguridad del sistema financiero, evitando riesgos operativos y garantizando el cumplimiento de obligaciones contractuales y regulatorias, tanto a nivel nacional como internacional”.

El proyecto de ley advierte que “la derogación implícita de esta práctica, al imponer la apertura de sucursales en dicha fecha, rompe un equilibrio que demostró ser funcional y eficiente, alterando un orden que ha asegurado por años la continuidad y solidez operativa, y generando impactos negativos de relevancia”.

También asegura que, “en la actualidad, la existencia de canales tecnológicos avanzados, junto con el desarrollo de la banca digital, permite entregar respuestas y soluciones de manera remota, reduciendo de forma significativa las dificultades que pudieron existir al instaurarse esta práctica, en un contexto en que tales herramientas no estaban disponibles. Mantener esta modalidad resulta plenamente coherente con el impulso hacia canales digitales que la propia autoridad reguladora promueve como parte de la modernización financiera”.

Por todo lo anterior, sostiene que “la reapertura de sucursales el 31 de diciembre no representa una mejora efectiva para la ciudadanía, sino un retroceso hacia modelos de atención presencial de bajo valor agregado, con un costo operativo, humano y estratégico desproporcionado frente a su impacto real en la calidad del servicio. Si el objetivo es fortalecer el acceso y la inclusión financiera, el camino debe enfocarse en el fomento de los canales digitales y en optimizar la gestión interna de las instituciones, no en interrumpir procesos críticos que sustentan la seguridad y estabilidad del sistema bancario”.