Fue la última ministra nombrada oficialmente para el 2° Tribunal Ambiental de Santiago. Tras haber sido relatora en la misma corte, en junio de 2023 Marcela Godoy Flores (49) llegó a integrarlo como jueza titular y en octubre de ese mismo año fue elegida presidenta. Desde ese momento que no hubo más nominaciones de ministros titulares en el tribunal ambiental más importante del país.

Y hoy esa corte especializada nuevamente está funcionando con una jueza titular y uno suplente, de los cinco ministros, tres titulares y dos suplentes, que debieran integrarla.

Es la principal queja que los miembros de estos tribunales (el de Antofagasta, Santiago y Valdivia) han manifestado en sus 13 años de historia: que salvo cuando fueron creados, nunca han podido estar conformados de manera íntegra.

Esta vez no es la excepción. Godoy, abogada y magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Antofagasta y máster en Ciencias del Medio Ambiente de la U. de Barcelona, dice que es impresentable que esta situación se perpetúe, no sólo por lo que implica para la institucionalidad sino también por la respuesta oportuna y técnica que deben tener estos organismos.

Más todavía, con el mensaje con el que ha llegado el gobierno entrante, respecto a la necesidad de agilizar los proyectos de inversión. Incluso, en la megarreforma presentada el miércoles, el Ejecutivo le envía algunos encargos a los tribunales ambientales.

¿Qué le pareció la reforma planteada por el gobierno en lo que respecta a su tarea y en cuanto al mensaje que quiere pasar?

-Al tribunal no le corresponde emitir opiniones respecto de las prerrogativas del Poder Ejecutivo en materia de proyectos de ley.

Pero este gobierno llegó con un discurso bastante crítico de cuánto se demora el trámite ambiental de los proyectos. ¿Lo siente como una presión?

-La verdad es que no, porque la crítica, no solo de este gobierno, sino también del gobierno anterior y de los usuarios en general, parece que está más bien enfocada en lo que se ha llamado permisología en sede administrativa.

Sí, critica los permisos, pero también la judicialización.

-A ver, no lo siento como una presión. Lo que sí es un objetivo del tribunal ser más eficientes. Y eso sí lo hemos ido cumpliendo. Falta, por supuesto. Tenemos que seguir trabajando y es así como el año 2025 hicimos revisión de nuestras tramitaciones, de nuestra gestión interna y nos hemos propuesto nuevas metas para los próximos cinco años de reducción de los tiempos de tramitación.

Usted ha repetido un adagio que dice que si la justicia no es oportuna, no es justicia. ¿Es ese el principal desafío del tribunal ambiental hoy?

-Efectivamente, la dictación de la sentencia tenemos que hacerlo cada vez en un tiempo menor, con la robustez técnica y la especialización que se nos pide para la resolución del conflicto socioambiental.

¿Cuánto se demoran en promedio?

-Hay que hacer una diferenciación, no podríamos establecer un criterio único. Porque por ley tenemos un plazo de 30 días para la dictación de la sentencia una vez que se llega al acuerdo. No obstante, luego de la audiencia se pueden generar dudas que requieran un estudio mayor de la causa, y ese plazo va a tener un alargue. También, desde que se interpone una reclamación o una demanda, pueden haber situaciones que hagan suspender la tramitación, ya sea porque las partes lo solicitan (hasta por 90 días) o porque requiere del término de otros asuntos administrativos que se estén tramitando. Además, muchas veces en las demandas por daño ambiental, se inician procesos de conciliación, que obedecen a los tiempos que las partes puedan estimar.

¿Pero han reducido sus tiempos?

-Desde hace varios años en este tribunal hemos disminuido estos tiempos de tramitación. Y nos hemos propuesto como objetivo estratégico en la planificación estratégica institucional 2025-2029 la reducción en un 25% de los tiempos promedio. Pero el promedio lo hemos ido bajando a poco más de 150 días, desde que llegamos al acuerdo hasta la dictación de los fallos.

La prolongación de los juicios ambientales se producía antes porque a veces la Corte Suprema revertía los fallos de los tribunales ambientales. ¿Eso sigue ocurriendo?

-La Corte Suprema siempre ha tenido competencias para conocer respecto a los recursos de casación que se interpusieran en contra de la sentencia definitiva de nuestros tribunales. Ahora bien, hace un tiempo el criterio de la Corte Suprema ha sido más bien a reducir el número de casos que conoce y ha limitado la interposición de estos recursos declarándolos inadmisibles.

Es más, cuenta la ministra, la Suprema el año pasado confirmó el 92% de los fallos de su tribunal.

El persistente problema de la integración

Pero hay factores que no acompañan, como la conformación de las cortes. ¿Han tenido noticias de este gobierno respecto a nuevos nombramientos de ministros?

-La noticia que tenemos es que a enero de este año constaban propuestas de nombres para el nombramiento de los ministros faltantes en los tribunales de Santiago, Valdivia y Antofagasta, y estas propuestas fueron retiradas.

¿Retiradas por quién?

-Por el nuevo gobierno.

¿Y eso no se contradice con el mismo discurso de apurar los procesos de permisos ambientales?

-A ver, no soy yo quien tenga que hacer esa crítica. Yo lo que sí, desde mi tribuna, puedo señalar es que a 13 años de la formación de los tribunales ambientales, parece impresentable que llevemos, desde el año 2020 en este tribunal, cargos vacantes: habla por sí solo de la falta de atención que se le ha otorgado a los tribunales ambientales, no obstante la cada vez mayor carga laboral que se les ha impuesto.

Esto no se relaciona sólo con los gobiernos, sino que también con el Poder Legislativo y Judicial. ¿Dónde se tranca el proceso?

-El procedimiento para nombrar ministros de los tribunales ambientales es la decisión más compleja dentro de los nombramientos. Porque hay un paso por la Alta Dirección Pública, luego la Corte Suprema propone una quina, el Presidente de la República elige y el Senado tiene que ratificar con tres quintos. Históricamente, en cualquiera de las tres fases, ha habido algún retraso. Pero más que buscar culpables, lo importante es tomar con seriedad el asunto que hoy la ciudadanía también nos reclama, y es que nuestras instituciones funcionen.

Godoy plantea que, pese a las dificultades de conformación, que deben completar con un ministro de turno de la Corte de Apelaciones de Santiago, exhiben cifras “auspiciosas”: en 2023 terminaron 67 causas, en 2024 63 y el año pasado 76 causas. “Habla de que se hace un trabajo serio y eficiente, y que podría ser aún mejor si tenemos la integración que fue pensada originalmente”.

Sin embargo, la carga laboral aumenta. El año pasado, se registró el mayor ingreso anual de causas del tribunal de su historia, con un total de 97. Y sólo entre enero y abril de este año, han ingresado 47, es decir casi la mitad de todo el 2025.

Esto ha implicado que ya este mes tengan agendado todo el calendario de audiencias del año.