Los abogados que tramitan causas en la justicia electoral y que alegan reclamaciones contra el rechazo de los gastos electorales de campañas políticas suelen decir que hace algunos años el Servicio Electoral (Servel) tuvo un antes y un después.

Algunos fijan como hito el escándalo en el financiamiento electoral que derivó en la investigación de la Fiscalía contra la excandidata a gobernadora Karina Oliva. Esa vez el Servel fue cuestionado por sus filtros para aceptar gastos. De ahí en adelante, y también debido a cambios legales a la normativa que regula este asunto, todo ha sido distinto.

Cuando se modificó la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral el objetivo era que los candidatos no inflaran sus gastos electorales o cuadraran facturas pendientes de pago para hacerlas calzar con los votos realmente obtenidos. Pero eso, según fuentes consultadas por este medio, derivó en un exceso de formalismo que ha ido restringiendo el reembolso de gastos.

El abogado Sebastián Winter, experto en Derecho Administrativo y litigante en materia electoral, afirma que “el Servel se ha puesto progresivamente más riguroso en las rendiciones electorales y cuentas de los partidos, impulsado por la Ley 20.900 y sus posteriores modificaciones, por la aparición de casos mediáticos y por propia disposición institucional”.

Cuando hay observaciones o rechazo de gastos por parte del Servel, la entidad inicia procesos para multar a los candidatos. Winter cuenta que “para las elecciones de 2017 el Servicio Electoral abrió cerca de 1.000 procedimientos sancionatorios y para la elección siguiente más de 1.500, número que seguramente aumentó en las últimas elecciones”.

Para Winter “el aumento en la fiscalización es una buena noticia, el financiamiento de las candidaturas y de los partidos políticos se hace con recursos públicos, por lo tanto es necesario que se fiscalice con rigurosidad”.

Sin embargo, el abogado advierte algunos problemas en el criterio que ha venido sosteniendo el Servel, el que incluso se replica en las rendiciones que deben hacer los partidos políticos: “Si bien el sistema de financiamiento público no está en entredicho, existen problemas cuando el rigor se convierte en formalismo excesivo que va más allá de lo que la propia ley exige. Se ha podido observar cómo en algunos casos el Servicio Electoral ha impuesto exigencias que van más allá de la ley, lo que implica una carga extra para los candidatos y los partidos, llevando muchas veces a los rechazos de las rendiciones y la necesidad de acudir a la justicia electoral”.

Los obstáculos

Quienes conocen el sistema comentan, por ejemplo, que pese a que la ley no lo exige, el Servel ha comenzado a exigir que las facturas se deben emitir antes de las elecciones. Si bien es una obviedad que dichas facturas deben tener fecha previa a la rendición, dicen quienes litigan esta materia, no hay norma legal que pida alguna fecha particular y menos antes de los comicios.

Otro de los problemas radica en el encargado del área informática y la rigidez del Sistema de Rendición Online (SRO). Antes toda la rendición se hacía manual y ahora se digitalizó a través de esa plataforma que, fuentes que saben del sistema, es el ejemplo del exceso del formalismo del Servel. Aquí se han rechazado gastos por no apretar enviar, pese a que los documentos han quedado subidos en la plataforma.

De hecho en algunos fallos del Tricel, la máxima instancia de la justicia electoral ha obligado al Servel a flexibilizar este aspecto. Por ejemplo, en una sentencia de junio del año pasado, el Tricel cambió su criterio y se puso más flexible, en contraste con las exigencias del Servel.

“Este tribunal modifica el criterio seguido en causas anteriores en que estuvo por rechazar las reclamaciones en que lo alegado fue omitir un último paso digital que se hace consistir en enviar la información contenida en los formularios 87 y 88″, plantea el fallo.

La sentencia agrega que “el proceso de rendición de cuentas a que está obligado el administrador electoral o general es un procedimiento continuo y la información se encuentra disponible para el Servicio Electoral aún cuando no haya finalizado el proceso de rendición permitiéndose, de este modo, el control del gasto electoral por dicho Servicio”.

Las mismas fuentes comentan que debido a que el Servel tiene una fecha límite para hacer las rendiciones, y no ha aumentado su personal para estas revisiones pese al aumento de las exigencias, el sistema ha tendido a la automatización. Así por ejemplo, de manera automática, toda rendición que tiene reparos en más del 20% de sus gastos, el Servel las rechaza por completo.

El sistema, además, no siempre se ha basado en igualdad de criterio ya que abogados reportan que han habido candidaturas en que en primera instancia el Servel rechazó sus gastos y luego, sin mediar una reclamación ante el Tricel, el Servel de oficio ha cambiado su decisión pasando de un rechazo a una aceptación del gasto.

“Cuando el Servel rechaza una rendición, el reembolso fiscal se congela, pero los créditos bancarios y las deudas con proveedores siguen corriendo. Esto implica que los candidatos que tienen menos recursos quedan en una situación desmejorada, teniendo que cubrir con su propio dinero los créditos bancarios o los pagos a proveedores, hasta que la justicia electoral resuelva. Esto perjudica sus opciones de poder seguir una carrera política, lo cual hace la cancha más dispareja”, dice Winter.

Riesgos del sistema

Otro abogado que también ha sido testigo de esto es Eduardo Montalva. Él se define como abogado experto en gasto electoral. Desde 2017 a la fecha, dice, ha llevado la rendición de más de 500 candidaturas.

A juicio de Montalva si bien los cambios normativos buscaban emparejar la cancha y pagar con dinero público solo los servicios que se acreditó que fueron prestados para la campaña, dice que el Servel ha terminado aplicando un “descriterio”.

“El Servel no está cumpliendo con el espíritu de la norma y eso hace que los candidatos que compitan por primera vez o tienen poca experiencia opten por no volver a hacerlo. Al final la gente no quiere ir como candidato y se desincentiva la participación política por estas altas exigencias extremadamente formalistas”, dice Montalva.

Este fenómeno se vuelve más complejo cuando son candidaturas a concejales o cores, por ejemplo, ya que no todos tienen la posibilidad de tener un abogado para tramitar las rendiciones o eventualmente alegar ante el Tricel. De hecho, muchos optan por elegar por sí solos en el Tricel, pero todas esas reclamaciones se terminan rechazando por no saber cómo llevar un litigio en la justicia electoral.

“Este descriterio o criterio excesivamente formalista desincentiva la participación política, sobre todo de personas que no pertenecen a grandes partidos, ya que provoca que participar en política implique un alto costo económico que no todos pueden pagar”, agrega Montalva.

Desde el lado de los candidatos afectados también manifiestan sus reparos. Por ejemplo, el alcalde Mario Desbordes está en una reclamación pendiente debido a que el Servel le rechazó la rendición de gastos a su campaña para alcalde de Santiago.

“Lamentablemente, ha habido varios errores en las evaluaciones de las declaraciones de gasto electoral. La misma empresa y prestación que es aprobada en una candidatura, es rechazada en otra. En mi caso, se me señala que no está acreditado el trabajo de una persona, que después el propio Servel en trámite administrativo paralelo, sanciona por su calidad de administrador, y lamentablemente, lo más grave, el Servel cometió un error, y confundió dos facturas”, dice Desbordes.

El alcalde agrega: “Una factura efectivamente anulada, pero que no está en la declaración final, con la que sí está en la rendición que hice. El acreedor hoy me está demandando por el pago, pero no puedo hacerlo, por un lado por falta de recursos, y por otro, porque está en instancia de apelación en el Tricel”, dice Desbordes.

El alcalde enciende las alertas respecto de las consecuencias que tiene esto en el sistema de financiamiento público a las campañas políticas. “Espero que todo esto se enmiende, de lo contrario se pone en riesgo todo el sistema de financiamiento de campañas, pues nadie querrá trabajar contra devolución por votos, y terminarán siendo candidatos solo quienes pueden costearse las campañas sin ayuda, o quienes pertenecen a partidos con muchos recursos económicos”, concluye el alcalde.

La defensa del Servel

Pese a las críticas, el Servel defiende su actuar. “El Servel realiza un análisis exhaustivo de cada cuenta, actuando con estricto apego a la ley”.

La institución, cuyo consejo directivo preside la consejera Pamela Figueroa, explica que “para que una candidatura pueda acceder al reembolso de sus gastos, debe cumplir requisitos específicos: que la cuenta haya sido aprobada por el servicio, que los gastos declarados no hayan sido financiados por otras fuentes -como aportes propios, de terceros, del partido o créditos con mandato- y que se presenten boletas o facturas vigentes, pendientes de pago y correspondientes a gastos efectuados dentro del período legal de campaña”.

A juicio del organismo, “el reembolso no es automático ni procede en todos los casos”. Por eso la entidad es enfática en señalar que “el Servicio Electoral aplica estos criterios con el máximo rigor, resguardando el correcto uso de los recursos fiscales y la transparencia del proceso electoral”.