Este martes se comenzará a discutir el proyecto de reajuste del sector público, el cual ha generado más debate de lo esperado. Pero ese debate no ha sido precisamente por el alza de 3,4% que Ejecutivo propone, sino que por una norma que busca dar una mayor estabilidad laboral, que para la oposición es considerada una “norma de amarre”.

Y ad portas de que se conozca el detalle de la iniciativa el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, salió a defender nuevamente la propuesta y descartó que este gobierno esté impulsando una ley de amarre.

En conversación con Tolerancia Cero, el secretario de Estado, dijo que las críticas de los parlamentarios se matizarán una vez que conozcan el detalle del proyecto. “Esa conversación va a cambiar bastante una vez que puedan leer lo que acabamos de ingresar al Parlamento. Lo que ocurre acá es que la oposición, de forma muy hábil en términos comunicacionales, le llamó a norma de amarre cuando en realidad no lo es, porque lo único que se hace es que cuando exista un despido tiene que estar debidamente fundamentado”.

Además, explicó que el proyecto hace una distinción muy clara entre quienes son asesores de confianza de los gobiernos y quienes son funcionarios de carrera. “Por primera vez se va a decir en una ley que los asesores de confianza tienen que salir, tienen que renunciar al momento que termina el período de gobierno”.

Por ello, Grau argumentó que la propuesta busca dar más libertad a la próxima administración para poder instalar a sus asesores políticos de confianza.

En ese sentido, enfatizó que lo que se busca resguardar es a los trabajadores a contrata que llevan más tiempo trabajando en el Estado y que no dependen de los gobiernos de turno.

“El punto de fondo es que, por primera vez, va a haber una distinción clara entre asesores de confianza y personas que trabajan regularmente durante distintas administraciones. Y respecto a los asesores, la ley será clarísima que ellos tienen que salir”, puntualizó Grau.

Pese a esta explicación, el ministro cree que dado todo el debate que ha generado esta propuesta, afirma que será complejo que se apruebe. “Yo creo que con todo el debate que ha existido es difícil, pero es importante dar esa discusión y además yo por lo menos voy a hacer algo, aunque sea contra el sentido común en este momento, y es defender la función pública”.

Las normas en cuestión

Una primera norma dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.

Asimismo, se establece que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones a la Contraloría General de la República, quien sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

La otra norma apunta a regular a los asesores políticos de confianza que deberán dejar el gobierno el 11 de marzo.