Reconocimiento de los pueblos originarios: ¿Una postergación constitucional?

A dos días que se conmemore el año nuevo mapuche, el reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución ha vuelto a surgir en la opinión pública. Pese a que, al menos tras el retorno a la democracia, tanto en programas presidenciales como candidaturas se han presentado iniciativas para avanzar hacia ese camino, no se ha concretado. Algunos ven al proceso constituyente como una oportunidad para establecer un derecho que existe en la mayoría de las actuales constituciones del continente, mientras que otros piden cautela sobre el tema.




Este domingo 21 de junio comienza el We tripantu o año nuevo mapuche. El contexto en el cual se realizará es complejo: por un lado está la pandemia por el coronavirus, y por otro el desarrollo del proceso constituyente, que tiene un plebiscito fijado (aún) para octubre. El proceso es considerado relevante ya que hasta ahora los pueblos originarios no se encuentran representados en la Constitución. La primera y hasta ahora única mención cercana se remonta a la Constitución de 1822 en la que se lee: “Cuidar de la civilización de los indios del territorio”.

Al contrario de las cartas fundamentales de países vecinos como Argentina, Brasil o Bolivia, Chile no posee un artículo o capítulo respecto a los pueblos originarios. Un documento de abril de 2016 elaborado por la Biblioteca Nacional de Congreso indica que “en la región Sudamericana, solo Chile, acompañado de Uruguay y Surinam, carece de un reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en su Carta Fundamental”.

Según el Censo 2017, el 12,8% de la población se considera perteneciente a un pueblo indígena u originario. El porcentaje era equivalente a 2.185.792 personas. Los pueblos indígenas con mayor identificación fueron los Mapuche, Aymará y Diaguita, mientras que poblaciones como los Kawésqar o Yagán no alcanzaban el 0,3%. Unas 614.881 personas se identificaron mapuche en la Región Metropolitana, siendo la zona con la mayor cantidad de este tipo de población, y superaba a La Araucanía en casi 300 mil habitantes.

Desde el 2 de septiembre de 2015 está en el Congreso el proyecto que cambia el artículo primero de la Carta Magna para que se lea que “Chile es una nación multicultural”, agregando que el “Estado reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de los pueblos, comunidades y personas indígenas a conservar, desarrollar y fortalecer su acervo cultural, identidad, lenguas, instituciones, tradiciones, cosmovisión y costumbres ancestrales”.

Al menos en el papel ha existido un consenso en incluir este reconocimiento constitucional. Un ejemplo es que en el proyecto de reforma constitucional presentado a días de terminar su segundo mandato, la expresidenta Michelle Bachelet incluía este reconocimiento “con sus derechos, su identidad y su cultura y su legítima aspiración a tener una representación en el Congreso”.

En diciembre pasado el Presidente Sebastián Piñera, en el contexto de la promulgación de la reforma para iniciar el proceso constituyente señaló que a su juicio algunos aspectos orgánicos que debieran incorporarse en el nuevo texto eran la separación de poderes y sus contrapeso, la existencia e independencia de instituciones como el Banco Central, el Tribunal Constitucional, y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Pero aunque las promesas se han hecho de lado y lado, aún no hay resultados concretos plasmados en la Constitución. Un mes antes, el Gobierno había decidido cancelar definitivamente la realización de la consulta indígena, que había iniciado en abril de 2019 para modificar la Ley Indígena.

“Se trata de una promesa de campaña que viene desde la vuelta a la democracia”, comenta Antonia Rivas, abogada y antropóloga, encargada de redactar el capítulo de Pueblos Originarios en el Informe Anual sobre DD.HH. de la Universidad Diego Portales. Afirma que desde el fin de la dictadura, “han ingresado cerca de 10 proyectos relacionados al reconocimiento de los pueblos originarios, o solo enfocados en destacar la existencia o preexistencia de ellos”.

Rivas postula como tesis que estos proyectos no han avanzado porque “en Chile existe un temor completamente infundado hacia los pueblos indígenas (...) no se condicen con lo que ha pasado en otros países”. Explica que este “temor” está asociado a que se sobreentiende que Chile es solo una nación, una cultura, lo que es correcto a juicio de la antropóloga. “Este tiempo nos ha demostrado que Chile es profundamente diverso”, sentencia. A Rivas le parece relevante que, si gana el apruebo, exista una participación de los pueblos indígenas en la redacción de una nueva Constitución esto porque pueden aportar al debate una nueva mirada sobre temas como los recursos naturales.

Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y consejero del INDH, afirma son 13 los proyectos o mociones que se ha presentado al respecto desde el retorno a la democracia. Opina que Chile está “muy atrasado” respecto al reconocimiento de los pueblos originarios con respecto a sus países vecinos. “Una de las razones sería un tema de enfoque. Nuestras élites políticas y es algo transversal, lo enfocan desde su perspectiva, la cual es monocultural. Es como ellos entienden el país y la cultura, sin darle la importancia debida a los otros pueblos que habitan el país”, dice Millaleo, exconsejero observador del proceso Constituyente iniciado en el segundo gobierno de Bachelet.

El académico explica que aunque los gobiernos anuncian la intención de incluir o reformar la Constitución al respecto finalmente “se comienza a postergar y se toma como una papa caliente que no se sabe cómo abordar”. Millaleo apunta a la relevancia de pasar de las palabras a concretar este reconocimiento. “Las constituciones tienen que resolver los grandes conflictos que tiene un país y en Chile existen grandes conflictos con pueblos indígenas (...). Cambiar la Constitución va siempre en dirección de fortalecer en materia de su legitimidad”, por lo que concluye que este reconocimiento no se encuentre en la Carta Fundamental “es una deuda de legitimidad”.

A todo esto, agrega, históricamente “tenemos una conflictividad muy fuerte” entre estos pueblos y el Estado chileno.

La solución política

La relación entre sectores de la población mapuche y los gobiernos ha generado el llamado conflicto en La Araucanía. Reivindicaciones territoriales, abuso policial, ingreso ilegal a predios, incendios, muertes, juicios y condenas en curso son solo algunos de los hitos. Uno de los hechos más relevantes fue la muerte de Camilo Catrillanca, cuyo juicio se postergó para el próximo 27 de octubre. En el caso se encuentran acusados siete ex miembros del llamado “Comando Jungla” y un abogado de Carabineros.

Catrillanca falleció en octubre de 2018. En julio de ese año el senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla (DC) dijo en el Congreso: “...se trata de reconocer una realidad social e histórica y no taparla bajo un manto jurídico. Los grupos indígenas son anteriores al Estado chileno, ellos no están de visita, ellos juegan de local y eso es lo que queremos que se reconozca”. Los dichos de Huenchumilla fueron para explicar el proyecto que presentó que busca reconocer la plurinacionalidad y el derecho de los pueblos indígenas. Agregó que no se trataba de un problema de orden público sino que es un problema político.

En la actualidad, Nueva Zelanda es considerado uno de los países más exitosos en enfrentar la pandemia del coronavirus y también es considerado uno de los países ejemplares de cómo encaminar la relación Estado-Pueblos originarios. En los años 70, luego de demandas hechas por los pueblos originarios, se creó el Tribunal de Waitangi para revisar los reclamos indígenas. Se han implementado políticas de reparación. En la actualidad el pueblo Maorí tiene escaños reservados en el Parlamento. Se oficializó la lengua Maorí y existe una revitalización de la identidad indígena.

Consultado, el senador Huenchumilla señala a Re:Constitución que “son muchas las deudas que tiene la democracia nuestra, respecto no solo con los pueblos originarios, sino con muchos otros sectores de nuestra sociedad, que han demandado condiciones de justicia histórica, para reconocer la pluriculturalidad, con la que se ha construido la vida social del país. Por una parte, los quórum constitucionales, administrados por la derecha y, por la otra, la falta de voluntad suficiente, por parte de quienes trabajaron por conquistar la democracia. Todos sabemos la dificultad que hemos tenido para tener una nueva Constitución, que reemplace aquella que nos legó el dictador. Ya lo podremos hacer y allí, el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios deberá quedar plasmado”.

Carmen Gloria Aravena, senadora independiente por La Araucanía opina que es importante tanto el reconocimiento como participación de los pueblos originarios. Señala que es “una deuda pendiente del Estado, sobretodo, en La Araucanía, región que concentra el 14,70% de quienes se identifican como parte de un pueblo indígena en nuestro país. Chile es diverso y multicultural, de norte a sur conviven integrantes de las nueve etnias existentes, quienes mantienen sus costumbres y lenguaje; tradiciones ancestrales que otorgan riqueza cultural a nuestra sociedad”.

A su parecer este reconocimiento “genera valoración y la implementación de políticas públicas que, vayan no solamente en beneficio de los mismos pueblos, sino que también de quienes no pertenecen a ellos, para poder comprenderlos, aceptarlos y generar la tan anhelada integración”.

Agrega que suscribe “las indicaciones que, en mayo del año pasado, el Presidente Piñera envió al proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, con el fin de dotarlo de una institucionalidad más robusta e independiente, además de indicaciones a otro proyecto que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, el que busca generar una mayor representación de los pueblos indígenas que habitan en Chile para facilitar los acuerdos y la toma de decisiones”.

Otra mirada aporta Sebastián Soto, director del departamento de Derecho Público de la Universidad Católica. Cree que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas se ha entrabado todo este tiempo “porque hemos caído en el maximalismo, es decir, en la idea de llevar a la Constitución todos los temas que interesan a la dirigencia de las comunidades”.

Cree que intentar incorporar a la Constitución “cláusulas vinculadas con derechos, con deberes del Estado e incluso con espacios de autonomía política hacen más difícil esta discusión”. Hace una diferencia sobre cómo tratan el tema distintos países en Latinoamérica. “Encontramos países, como Argentina, que tienen reconocimientos muy sobrios, y otros que tienen largas cláusulas vinculadas con pueblos indígenas en sus constituciones, como Bolivia y Ecuador. No creo que estos últimos sean los países que debiéramos intentar imitar”, afirma.

Por esta razón plantea que el reconocimiento constitucional debe ser sobrio, “y dejar a la ley, que es mucho más flexible, la determinación de las políticas que los gobiernos quieran ir implementando en estas materias”.

Un tema que se ha discutido antes y durante este proceso constituyente es que los pueblos originarios tengas escaños reservados o se consideren cuotas representativas tanto para el Congreso o para las convenciones constitucionales si es que gana el “apruebo”.

Para Soto “ambas fórmulas se construyen sobre un supuesto muy discutible; y ese es que la relación entre representante y representado está dada por la adscripción a ciertos grupos, más que por la elección libre del elector. Es lo que inspiró la integración paritaria de la convención y, en este caso, es lo que inspira la demanda por escaños reservados. Creo que lo que fortalece la representación, mucho más que compartir la pertenencia a un pueblo o el género, es la elección que hace cada cual (...). Me parece que debemos mantener en pie el viejo principio democrático que confía la representación al voto y no a la pertenencia”, concluye.

Se trata de un tema complejo por las distintas aristas involucradas afirma Magdalena Ortega abogada, directora de formación y servicio público de Idea País. Esto ha terminado en discusiones “muy fragmentarias”. El reconocimiento de los pueblos originarios, cree Ortega, “debiese reformarse sobre las bases de la institucionalidad, serviría reconocer la existencia y el valor” de ellos. A esto, y en un enfoque más político, Ortega cuanta que desde Idea País “estamos desarrollando un ensayo bajo el entendido de que creemos que falta un relato político que pueda responder desde la centroderecha a los pueblos originales. Hay pocos, no hay discursos o relatos ponderados del por qué pasa esto”.

Para Ortega esto puede ser uno de los factores por los cuales “no se ha podido avanzar en políticas constitucionales”. También hay un factor histórico: “En un principio (siglo XIX) había que responder a cómo se fue gestando la identidad nacional (...) las primeras constituciones y reglamentos hablan de una necesidad de orden de la República”. Eso como argumento en los años posteriores de la Independencia, pero con menos justificación en las últimas décadas. “Ha respondido más bien a una negligencia”, afirma la abogada, y agrega, “un desconocimiento, a una ceguera a una realidad que forma parte de la identidad y cultura” del país.

Lenguaje y juventud

Una de las identidades actuales de Chile es que tiene como lengua oficial únicamente al español, lo que podría ser una materia de cambio en una futura Constitución.

Respecto a este punto, la lingüista y académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad Católica, Elisa Loncón, señala que “las lenguas implican acciones políticas. En este sentido, al hablar de derecho lingüístico nosotros estamos reivindicando que todas las naciones de Chile, todos los seres humanos tienen el derecho a comunicarse en su propia lengua”.

La profesora Loncón afirma que el no poder hablar la lengua indígena trae consigo repercusiones en el desarrollo personal y en lo educativo. Esta reivindicación por ejemplo existe en Nueva Zelandia.

La UNESCO en el informe “Si no entiendes, ¿cómo puedes aprender?” refuerza esta idea pues “cuando se cruza la variable socioeconómica con la cultural, estudiantes pobres e indígenas son quienes obtienen peores resultados académicos”. Educación 2020 en el año 2016 también sostiene que más del 50% de la matrícula de los colegios públicos pertenece al pueblo mapuche, pero que las iniciativas interculturales son todavía incipientes.

Las marchas post 18 de octubre revitalizaron las consignas de los pueblos indígenas permanente en las calles, y si bien el descontento social no conoció edades, género u origen, sí tuvo una gran convocatoria desde los jóvenes.

Nataly Tankara, joven activista aymara de la Asociación Indígena Multicultural Pachakuti, participó dentro de las manifestaciones y mítines políticos en la región de Valparaíso sobre el reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución. Tankara apunta a que el problema entre los pueblos originarios y la Constitución radica en “una concepción colonialista del Estado republicano del siglo XX que buscó la homogeneización de la población a través de la asimilación obligatoria y violenta. Esto sigue presente en nuestra sociedad. La idea de que en Chile todes somos chilenos, blancos, blanqueados o mestizos, pero en ningún caso indígenas”.

Aun así, persiste en la esperanza de que un cambio de mutuo acuerdo entre el gobierno y las comunidades indígenas es posible. “Lo ideal es que la construcción de este Estado plurinacional se haga dialógicamente, conversando horizontal y respetuosamente con los pueblos indígenas y no imponiendo la voluntad de unos por sobre otres”, dice.

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