Uruguay dio este miércoles un nuevo paso en su histórica agenda de ampliación de derechos. Con 20 votos a favor y 11 en contra, el Senado aprobó la denominada Ley de Muerte Digna, que habilita y regula la eutanasia en el país bajo condiciones específicas.

Con esta decisión, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar esta práctica mediante el proceso parlamentario, diferenciándose de Colombia y Ecuador, donde fue despenalizada por fallos judiciales.

¿Quiénes podrán someterse a la eutanasia?

El texto aprobado establece que podrán acogerse a este derecho todas las personas mayores de edad, uruguayas o residentes en el país, que sean “psíquicamente aptas”; esa sería la primera condición.

También, estas personas deben pasar por “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o que sufran dolores o padecimientos “insoportables” como consecuencia de la enfermedad y vivan un “grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”.

¿Cómo se solicitará la eutanasia?

El procedimiento deberá solicitarse por escrito y en persona ante el médico tratante, quien informará sobre los tratamientos y cuidados paliativos disponibles.

Luego, evaluará si se cumplen las condiciones en un plazo máximo de tres días. La decisión deberá contar con la opinión coincidente de un segundo médico independiente, o de una Junta Médica si hubiera discrepancias.

En una segunda entrevista, el paciente podrá expresar su última voluntad –“siempre revocable”– ante dos testigos, y el médico “procederá a cumplirla cuándo y dónde el solicitante lo decida”.

Un proyecto que demoró en aprobarse

“Es un proyecto potente, profundo y sensato”, definió el diputado del Frente Amplio Federico Preve, médico neurólogo y uno de los principales impulsores de la iniciativa.

“Habilita un derecho humano a morir con dignidad”, señaló, destacando que el sistema se inspira en legislaciones con más de 20 años de experiencia, como la de Países Bajos.

El camino hacia esta aprobación tomó más de cinco años de debate parlamentario y social. El primer proyecto fue presentado en 2020 por el entonces diputado Ope Pasquet, quien también estuvo presente en la votación final.

“El que quiera eutanasia que la pida y el que no la quiera que la rechace. No va a venir ninguna autoridad a dictar pacientes eutanasiables”, afirmó el autor de la ley durante la sesión.

En la vereda opuesta, el senador del Partido Nacional Javier García cuestionó los conceptos de “muerte digna” y “libertad” empleados en la ley, asegurando que “el Estado no debería hacerse cargo de la muerte sin hacerse cargo de la vida”.

El respaldo ciudadano, sin embargo, fue mayoritario: el 62% de los uruguayos se mostró a favor de la legalización, según una encuesta de la consultora Cifra difundida en mayo.

Ahora, el Poder Ejecutivo tendrá ahora un plazo de seis meses para reglamentar la norma.