El 15 de octubre de 2024, el Ejecutivo ingresó al Senado una serie de indicaciones sustitutivas al proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, actualmente en su segundo trámite constitucional. Aunque la propuesta apunta a modernizar la Ley de Monumentos Nacionales -vigente desde 1970- y ampliar la protección al patrimonio cultural mediante nuevos instrumentos administrativos, sus implicancias han despertado inquietud desde el mundo jurídico y productivo. El plazo apremia, ya que en septiembre está programada su votación.

Si bien se reconocen avances en descentralización y cierta agilización de trámites, la propuesta enfrenta críticas por su falta de definiciones claras, riesgo de sobrerregulación y posibles impactos sobre la viabilidad de proyectos de inversión.

Uno de los aspectos más cuestionados es la ambigüedad en conceptos críticos como “paisaje cultural”, “zona patrimonial” o “sitio de significación cultural”. Iván Llancas, analista de Oferta de Cobre en Benchmark Mineral Intelligence, advierte que esta indefinición puede convertirse en un obstáculo, particularmente para las iniciativas mineras. “La ambigüedad no solo genera incertidumbre, sino que abre espacio a interpretaciones que permiten a actores externos alegar valor cultural en ciertos terrenos. Esto puede paralizar obras hasta que se evalúe su pertinencia, elevando costos y comprometiendo la viabilidad de los proyectos”, señala.

Definiciones laxas, permisos inciertos

La preocupación se extiende al ámbito institucional. Óscar Acuña, exsecretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), sostiene que el proyecto no corrige las fallas estructurales. “Hoy, basta con encontrar una botella o una tapa de bebida para paralizar obras clave como hospitales, carreteras o redes sanitarias. Los museos no dan abasto con rescates arqueológicos de escaso valor. La ley necesita criterios como proporcionalidad, representatividad y valor excepcional para aplicar normas con sentido”, afirma.

El experto recalca la necesidad de diferenciar entre lo simbólico y lo verdaderamente relevante, planteando que la conservación automática, sin análisis técnico, solo genera obstáculos. “No puede ser que un hallazgo irrelevante detenga por meses proyectos que impactan directamente en la calidad de vida. Proteger el patrimonio no puede significar frenar el desarrollo”, sostiene. También cuestiona el diseño institucional que propone un consejo de 30 integrantes, al que califica de ineficiente y poco operativo. “Hoy no están todos los que son ni son todos los que están”, expresa.

A esto se suma-dice- un crecimiento presupuestario que no ha ido de la mano con mejores resultados: “pasamos de $993 millones en 2010 a más de $10.500 millones hoy, pero con menos eficiencia. Esto se traduce en más recursos sin una estructura adecuada”.

Desde una perspectiva jurídica, el abogado minero y exconsejero del Consejo de Monumentos, Gastón Fernández, advierte sobre la falta de articulación entre el proyecto y la normativa ambiental. “Se ignora el rol del Consejo en el SEIA. Sus atribuciones se transfieren a las Direcciones Regionales del Servicio Nacional del Patrimonio, que carecen de personal, presupuesto y preparación técnica para evaluar impactos ambientales”, indica.

En su opinión, esto genera un vacío legal y mayor incertidumbre para los titulares de proyectos. “No se crea una unidad especializada, ni se establece una estructura mínima. Es grave que la ley omita eso”, recalca. Y asevera que “analizando el proyecto de ley de Patrimonio Cultural, creo que no cumplirá su objetivo y, más bien, creará mayor incertidumbre y no facilitará el desarrollo de nuevos proyectos de inversión”.

Otro aspecto conflictivo es la inclusión del patrimonio cultural inmaterial y los “sitios de significación cultural” como nuevas categorías protegidas. Fernández afirma que, aunque la intención es positiva, la falta de definiciones operativas puede derivar en una judicialización creciente. “No hay metodología para determinar si un proyecto afecta estos sitios. Esto ampliará los casos de ingreso al SEIA, con más permisos, plazos y burocracia”, explica.

Leyes sin reglamento claro

Las críticas coinciden en que el proyecto no ofrece un diseño institucional capaz de implementar la ley con eficacia y coherencia con otros marcos legales. Para Llancas, los efectos ya se sienten. “Hoy las paralizaciones por temas patrimoniales pueden durar meses. Sin definiciones técnicas claras, el riesgo de judicialización es alto. Esto puede hacer inviable ciertos proyectos estratégicos para el país”, precisa. Fernández refuerza el punto, argumentando que “el proyecto debió fortalecer al Consejo de Monumentos, no vaciarlo de funciones sin crear una alternativa técnica a la altura del desafío”.

A medida que avanza su tramitación en el Senado, aumenta la percepción entre expertos de que, sin una revisión sustantiva, esta nueva legislación corre el riesgo de reproducir -e incluso profundizar- los mismos problemas que buscaba resolver.