SEÑOR DIRECTOR:

Respecto del editorial titulado “Un polémico dictamen que daña el sistema escolar”, publicado el 13 de septiembre, quisiera señalar lo siguiente:

El Dictamen N°75 no excede nuestras atribuciones ni distorsiona el marco legal. Se funda en el principio de no discriminación consagrado en la Ley General de Educación, la Ley de Subvenciones, la Ley de Garantías y Protección de la Niñez y tratados internacionales ratificados por Chile. El editorial sostiene que la no renovación de matrícula no equivale a una cancelación. Sin embargo, cuando esta decisión se funda en la vulnerabilidad económica, sin análisis caso a caso, su efecto es idéntico. La jurisprudencia ha reconocido que el derecho a la educación implica continuidad. Es cosa de revisar causas resueltas en tribunales, incluso antes de la publicación del dictamen, en favor de estudiantes que han debido ser reintegrados a sus colegios.

No se prohíbe la gestión de morosidad ni se desconocen obligaciones financieras. Sí se indica que, ante una crisis socioeconómica súbita y acreditada, la no renovación constituye una forma de discriminación. Esta distinción entre mora justificada e injustificada es legalmente procedente y éticamente indispensable.

En 2024, los colegios con financiamiento compartido recibieron más de $ 960 mil millones del Estado. El copago, fijado por ley en 2015, representa cerca del 20% de sus ingresos. En contraste, a la fecha, la subvención estatal se ha duplicado. No es efectivo que casos aislados de familias apremiadas desestabilicen a los establecimientos.

Preocupa, además, que el editorial parta de una presunción de mala fe. Hacia la Supereduc y, principalmente, hacia las familias chilenas, como si todas fueran a usar este dictamen como excusa para incumplir. Esa mirada erosiona la confianza que debe regir toda comunidad educativa.

Proteger el derecho a la educación no debilita el sistema: lo ennoblece.

Loreto Orellana Zarricueta

Superintendenta de Educación