SEÑOR DIRECTOR:

En una reciente carta, se califica de “capricho ideológico” al proyecto de ley de aborto sin causales y por plazo impulsado por el gobierno. Señala que “es significativo que, entre tanto discurso sobre perspectivas de género, el Ejecutivo prescinda de soluciones que -aunque más complejas- no implican la muerte del otro”.

Frente a esto, es importante señalar primero que la OMS reconoce el aborto seguro como un servicio esencial y organismos de la ONU han instado a Chile a avanzar. Restringirlo, como lo hace la legislación vigente, no lo elimina, solo lo hace más inseguro. Y quienes más sufren son las niñas pobres, para quienes un embarazo no planificado significa perpetuar la desigualdad.

Chile arrastra una deuda urgente en derechos sexuales y reproductivos. Si vamos a decir que, con este proyecto, el Estado “reduce su rol a ‘autorizar’, sin ofrecer apoyo real ni atender a la salud integral de la persona”, abrámonos también a estas otras discusiones que los sectores conservadores rehúyen: una ley de aborto seguro más allá de las causales (hoy incluso limitadas por la objeción de conciencia institucional), la implementación obligatoria de la ESI en todos los colegios (que permite enseñar consentimiento, prevenir violencia y entregar orientación veraz sobre salud sexual y reproductiva) y el acceso universal a anticonceptivos modernos e información adecuada a la edad.

Se lo debemos a las niñas: su futuro no puede seguir esperando.

Siomara Molina S.

Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto