SEÑOR DIRECTOR:

En reciente entrevista, la subsecretaria de Prevención del Delito sugiere que la unidad encargada de implementar la Ley N°21.659 de Seguridad Privada “no estaba funcionando”, acusa supuestos déficits de los equipos para implementar la plataforma electrónica mandatada por ley e insinúa dudas sobre la buena fe del trabajo previo. Los hechos indesmentibles, descartan cada una de esas afirmaciones.

Antes del cambio de administración, la implementación avanzaba conforme a lo mandatado. En la primera etapa se dictaron 17 normas complementarias, se realizó una consulta pública para el sistema de capacitaciones y se tramitaron más de 350 autorizaciones, la mayoría gestionadas por la plataforma electrónica, hoy operativa. Todo ello en un marco de coordinación interinstitucional y colaboración público-privada: con gremios e instituciones públicas se trabajó una propuesta de modificación del reglamento, y con ABIF y ACHEA se colaboró en la carga de información y la certificación de competencias. Incluso se impulsó un cambio legal para prorrogar autorizaciones y viabilizar la continuidad del sistema, todo durante los tres meses de vigencia de la ley hasta el 10 de marzo.

Pese a que la ley otorga plazo hasta el 28 de noviembre de 2026 para implementar la plataforma, al cambio de administración ésta ya operaba 20 de los más de 30 trámites contemplados, con habilitación progresiva del resto. Se dejó una hoja de ruta clara y equipos capacitados, otorgando certezas al sector. Esto descarta cualquier acusación de mala fe.

Para la nueva administración es urgente asegurar la continuidad del servicio. El 28 de mayo vence el plazo para que bancos, empresas de venta de combustibles, entre otras, cumplan con la ley, y el sector requiere certezas e instrucciones claras. A la fecha, la nueva administración no las ha otorgado.

Carolina Leitao A.

Ex subsecretaria de Prevención del Delito