SEÑOR DIRECTOR:

En su reciente fallo, la Corte Suprema, lejos de zanjar definitivamente el problema del empleo público, lo hace más complejo. ¿Qué dice? En simple, la contralora se podrá abstener de resolver los reclamos de los funcionarios a contrata. El dictamen indica que a dicha institución no le corresponde dirimir si prima el criterio de la confianza legítima, que instauró el excontralor Jorge Bermúdez para que los funcionarios a los que se les ha renovado por segunda vez no puedan ser desvinculados; o si impera el criterio de la Corte Suprema, que protege únicamente a los que han permanecido al menos cinco años en el Estado.

La solución no es seguir en esta discusión, sino que abordar con valentía el tema de fondo: una reforma profunda a nuestro empleo público que elimine las contratas y regule a quienes sirven a Chile incentivando el mérito y permitiendo desvincular a quienes le fallen a los ciudadanos.

Juan Francisco Galli

Director ejecutivo de Pivotes