SEÑOR DIRECTOR:

En su más reciente IPoM, el Banco Central entregó los resultados de un estudio destinado a medir los efectos de los aumentos en los costos laborales sobre el mercado del trabajo. Entre estos destaca el salario mínimo, que subió un 24,5% en términos nominales entre abril de 2023 y enero de 2025.

Si bien existe amplio acuerdo respecto de la relevancia del salario mínimo y de que incrementarlo puede ser positivo, también hay consenso en que dichos aumentos deben guardar relación con las mejoras de productividad. De no ser así, se corre el riesgo de producir efectos adversos, particularmente en el empleo asalariado formal del sector privado. Con esto en mente, y considerando que la productividad ha caído un 0,5% desde 2021 hasta 2024, resulta esperable que los aumentos recientes tengan impactos en la contratación.

En este contexto, el Banco Central presenta evidencia valiosa, al mostrar que aquellas empresas con mayor proporción de trabajadores que reciben el salario mínimo —generalmente de menor tamaño— experimentaron una caída de 5,6% en sus niveles de empleo en comparación con aquellas menos expuestas. Esto concuerda con los datos del INE, en donde la generación de empleo asalariado formal del sector privado últimamente ha provenido de las empresas de mayor tamaño. Además, este impacto podría ser mayor con el fin del subsidio MiPymes en abril de 2025, que aumentó la presión financiera asociada al pago del salario mínimo en las pequeñas empresas.

Con todo, es necesario que la discusión sobre futuros ajustes al salario mínimo se nutra tanto de la evidencia como de lo que indican las estadísticas recientes, de modo de maximizar sus beneficios sociales y evitar que medidas bien intencionadas terminen dañando el mercado laboral.

Adolfo Fuentes

Investigador sénior Observatorio del Contexto Económico UDP