SEÑOR DIRECTOR:

El rechazo al recurso de protección interpuesto por tres universidades frente al requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de entregar datos personales de todos sus alumnos y exalumnos, sienta un precedente preocupante. Desde luego, la Ley 19.628 sobre la vida privada exige que, para acceder a esta solicitud, debiera haber un consentimiento previo de los estudiantes, lo que no ha sucedido. Bajo esta jurisprudencia otros órganos del Estado podrían en el futuro demandar la entrega de antecedentes personales en industrias donde existe una relación contractual con el usuario bajo el compromiso de confidencialidad de dicha información. ¿No será abrir una caja de Pandora?

La FNE ha señalado que dicha información es necesaria para su Estudio de Mercado sobre la Educación Superior y que el propósito es hacer encuestas a los alumnos para identificar potenciales fallas en el funcionamiento competitivo del sector. Más inquietante aún. Primero, porque el sistema de educación superior cuenta hoy con una institucionalidad regulatoria robusta, existiendo la Superintendencia, la CNA y la Subsecretaría para abordar algunos de los temas que levanta la FNE; esto puede generar un conflicto de atribuciones. Segundo, por el uso que la FNE puede dar a esta encuesta, en particular, la interpretación que le dé a los resultados en el rastreo de supuestas fallas competitivas. Se trata de una industria compleja, muy distinta a los casos que trata la FNE, con gran heterogeneidad de instituciones e importante segmentación en respuesta a las diferencias en la calidad de los estudiantes y de los tipos de oferta, sin que ello sea signo inequívoco de poca competencia. ¿Lo verá así la FNE? Está por verse.

Carlos Williamson

Clapes UC