SEÑOR DIRECTOR:

La violencia en las comunidades educativas es un fenómeno complejo que requiere respuestas basadas en evidencia. Resulta paradójico que la ministra de Ciencia se haya dedicado a opinar sin sustento e instalar una agenda punitiva desconectada de la investigación disponible e incluso afirmar que en Estados Unidos no existe violencia, lo cual contradice décadas de evidencia documentada. Quienes lideran el Ministerio de Ciencia tienen una responsabilidad especial: deben ser los primeros en demostrar que el conocimiento científico —y no la conveniencia política— orienta sus declaraciones públicas. Esa coherencia no es un detalle menor; es la base de su legitimidad.

La ministra Lincolao y otras autoridades de gobierno han declarado que la violencia en la educación superior debería castigarse con la pérdida de la gratuidad. Nuestra Ley de Educación Superior N° 21.091 establece con claridad que la educación superior es un derecho, y que la gratuidad es el mecanismo mediante el cual el Estado busca garantizarlo para quienes tienen menores ingresos. Este es un debate que La Tercera abordó en su editorial del 25 de noviembre del 2024, señalando que sancionar con la pérdida de la gratuidad implica que esas personas sean privadas de la posibilidad de insertarse en la sociedad por medio de una profesión, junto con el riesgo de la doble sanción.

Referirse a la gratuidad como un “privilegio” o un “beneficio que agradecer”, como ha señalado la ministra, no solo es jurídicamente inexacto: debilita décadas de avances en materia de acceso y equidad educativa, y reproduce la idea de que estudiar es una gracia concedida y no una garantía ciudadana. Seamos claros: Un derecho no se agradece, se ejerce.

Carolina Gainza

Investigadora de Nodo XXI

Exsubsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación