SEÑOR DIRECTOR:

En 20 días más vence la fecha límite para legislar el presupuesto de la nación luego de que el Congreso rechazara 28 de sus 33 partidas.

Todas las fichas están puestas en la negociación del ministro Grau con la oposición. Su aprobación no descansa, entonces, en los antecedentes de la Evaluación Focalizada de Ámbito (EFA), ni en los informes de la Evaluación de Impacto de Programas (EI), o en los cálculos de la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) que realiza la Dipres. Tampoco en sus Evaluaciones del Gasto Institucional (EGI) ni en las Evaluaciones Sectoriales. Mucho menos en los diversos Informes de Impacto Regulatorio (IIR) de leyes y reglamentos que realizan los ministerios sectoriales, y para qué decir de las 34 medidas del informe de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público o de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). No, su aprobación depende de la actitud dialogante que tengan los senadores de la Comisión Mixta de Presupuesto.

¿No será entonces que más que su rechazo, el bluf es la propia institucionalidad en la que debe basarse la elaboración de esta Ley de Presupuestos?

Rafael Palacios

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