SEÑOR DIRECTOR:

La economía no es una ciencia de abstracciones, sino el reflejo de decisiones que impactan la mesa de las familias. Entregar un país con un “acantilado” regulatorio y fiscal al próximo gobierno no es solo un desafío técnico; es, fundamentalmente, una falta de ética pública.

En el debate político actual, se suele maquillar la realidad atribuyendo la estabilidad de precios como un triunfo exclusivo del Ejecutivo. Sin embargo, la inflación bajo control (2,4% anual) es, en gran medida, mérito de la autonomía y el rigor técnico del Banco Central. Presentar la labor de una institución autónoma como un logro de gestión gubernamental es un espejismo que oculta las verdaderas grietas en las arcas fiscales.

Mientras la inflación da un respiro, el balance fiscal revela una herencia crítica: un desvío de 2,5 pp respecto a la meta estructural y un Fondo de Estabilización Económica y Social drásticamente reducido al 1,0% del PIB. Este vaciamiento de los ahorros soberanos no es un dato menor; es una bomba de tiempo para el bienestar del país. Dejar las arcas debilitadas y una deuda pública en 41,7%, sostenida por efectos de tipo de cambio momentáneo, significa que el Estado tiene menos “seguros” ante futuras crisis.

Para las familias, esto se traduce en una mayor vulnerabilidad frente a shocks externos, un dólar volátil y un empleo que no llega debido a la inversión estancada. La responsabilidad económica exige honestidad sobre los límites del gasto. Un gobierno que prioriza su salida por sobre la estabilidad futura falla a su mandato ético: la política debe servir a las próximas décadas, no al alivio comunicacional de la próxima semana.

Carlos Smith

Docente investigador CIES-UDD