SEÑOR DIRECTOR:

El pasado 15 de diciembre la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura aprobó un nuevo Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) de 44 mil hectáreas entre La Araucanía y Biobío, en favor de una asociación de comunidades indígenas denominada We Pu Lafken. El pronunciamiento favorable se dio por la aplicación del “silencio positivo” contenido en la Ley Lafkenche, luego de que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Araucanía (CRUBC) no lograra adoptar un acuerdo dentro del plazo establecido en la ley.

Esto evidencia uno de los varios problemas de esta norma. No es aceptable que una medida de tal magnitud territorial, con impactos directos sobre la pesca artesanal, la acuicultura, la inversión, el empleo regional y la planificación del borde costero, quede definida no por una evaluación técnica ni por un acuerdo deliberado, sino simplemente por la inacción del Estado al no emitir oportunamente un pronunciamiento.

Reconocer y proteger los derechos de los pueblos originarios puede ser un objetivo loable, pero ello no puede hacerse a costa de vaciar de contenido los procesos de gobernanza territorial, ni transformando la falta de gestión pública en una vía expedita para adoptar decisiones que pueden comprometer irreversiblemente el desarrollo de nuestras regiones. Urge revisar y reformar esta ley, cuyas consecuencias negativas cada día son más escandalosas. Mientras no se haga, el silencio le seguirá otorgando a unos pocos y quitándole a muchos.

Tomás Espinosa

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