SEÑOR DIRECTOR:

La falsificación de información para acceder a la gratuidad en educación no puede tratarse como un detalle menor, un truco inocente ni una “trampa” justificable. Es un abuso del sistema, pero también de quienes realmente necesitan estos apoyos, de los recursos públicos escasos y del propio sentido de justicia. Más inquietante aún es el rol de ciertos “expertos” que, sin serlo, se posicionan como facilitadores del engaño, enseñando a ocultar datos, minimizar ingresos o fabricar relatos para aparentar vulnerabilidad.

Cuando el conocimiento se utiliza para torcer la realidad, no solo se vulnera una norma; se deteriora la confianza social y se desdibuja el sentido de la formación profesional. Impacta especialmente que trabajadores sociales aparezcan vinculados a estas prácticas, tensionando una disciplina cuyo núcleo debiera ser la promoción de la justicia social y la ética pública.

Los recursos son limitados y cada beneficio tiene un destinatario claro. Sin embargo, se instala la idea de que el “atajo” es aceptable, incluso enseñable, y prácticas como la falsificación de documentos, licencias o registros comienzan a parecer parte del paisaje cotidiano.

La educación no puede ser un espacio para aprender a eludir normas. Formar profesionales implica también formar criterio y responsabilidad ética. Cabe preguntarse si aún distinguimos entre lo correcto y lo conveniente, o si la ética se ha vuelto prescindible. Urge discutirla sin ambigüedades y rechazar estas conductas antes de que se normalicen por completo en nuestra vida social y pública en Chile, con consecuencias evidentes hoy.

Carmen Lamilla Almuna

Directora de Trabajo Social Advance de la Universidad Andrés Bello