SEÑOR DIRECTOR:

En un reciente dictamen, la Contraloría se pronunció sobre cómo deben contabilizarse los recursos que se asignan en el proyecto de ley sobre financiamiento de la Educación Superior (FES) que promueve el gobierno. En síntesis, lo que zanja es que se trata de un gasto y no de un activo financiero, alterando por completo el alcance fiscal de la iniciativa. Lo anterior, en línea con lo que ya habían anticipado el Consejo Fiscal Autónomo y diversos expertos.

Los alcances de este dictamen van mucho más allá de lo que podría parecer un asunto meramente técnico de fácil abordaje.

La forma correcta de contabilizar los flujos de este proyecto conlleva reconocer un incremento del costo fiscal del FES en cinco mil millones de dólares en sus primeros 10 años, lo que implica reasignar en ese mismo periodo recursos para poder solventar el proyecto. Todo en un contexto en el que las necesidades están en la Educación Parvularia y Escolar, más que en la Educación Superior.

Asimismo, el debate sobre la naturaleza jurídica del instrumento de financiamiento vuelve a instalarse. El dictamen ratifica indirectamente que el FES es un impuesto a los egresados, con todas las complicaciones que eso trae. El gobierno se ha negado a proponer un crédito, lo que solucionaría el aspecto contable y además evitaría que los egresados paguen más de lo que efectivamente recibieron para estudiar.

Por último, desde un punto de vista político, ha quedado nuevamente claro que apelar al voluntarismo no renta y que la evidencia siempre termina por imponerse.

Raúl Figueroa Salas

Director Instituto UNAB de Políticas Públicas