SEÑOR DIRECTOR:

Retirar el veto a los artículos laborales de la Ley Integral para las Personas Mayores es una decisión necesaria en un país que envejece rápidamente. Las cifras lo evidencian: la informalidad en mayores de 60 años alcanza el 45,8%, supera el 50% en mujeres y, en mayores de 65 años, llega a 55% en hombres y 65% en mujeres.

La flexibilidad laboral no es un beneficio, sino una oportunidad para reducir esa brecha. Hoy, quienes trabajan informalmente lo hacen, en promedio, 11 horas menos a la semana, reflejo de un mercado formal rígido, que no se adapta a sus trayectorias. El proyecto aprobado por unanimidad reconoce esta realidad: cada vez más personas mayores quieren y necesitan seguir trabajando. Con más del 20% de la población sobre los 60 años, facilitar empleos formales y flexibles fortalece la autonomía económica y reduce la informalidad.

Este avance es necesario, pero insuficiente. Persisten desafíos en cuidados, salud y servicios que exigen soluciones de largo plazo.

Lo que hagamos hoy no solo impacta el presente; define el país en el que todos envejeceremos.

Yamil Tala

Investigador CIPEM (UDD – Los Héroes)