SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno envió esta semana un Proyecto de Ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Es legítimo advertir su desconexión con el trabajo de la Mesa Técnica del SAE, creada en 2025 precisamente a sugerencia del Congreso. Las sociedades que progresan lo hacen cuando el conocimiento científico incide en el diseño de las políticas públicas. Por las siguientes tres razones este no parece ser el caso.

Primero, la Mesa concluyó unánimemente que el sistema centralizado basado en un algoritmo de aceptación diferida ha contribuido a la eficiencia, transparencia y libertad de elección de las familias, recomendando su continuidad. En cambio, el proyecto contempla el desmantelamiento de las propiedades esenciales del sistema que el país ha institucionalizado en una década, arriesgando complejizar y burocratizar los procesos de admisión de cerca de 400.000 familias al año.

Segundo, la Mesa realizó un diagnóstico riguroso —con audiencias a familias, sostenedores, directores y expertos nacionales e internacionales— que identificó problemas concretos y elaboró propuestas fundamentadas en varios ámbitos que el Mensaje Presidencial invoca. Sorprende que esas propuestas no sean consideradas en un proyecto que busca responder a demandas ciudadanas ampliamente compartidas.

Tercero, en cualquier sistema de admisión es legítimo que coexistan distintas nociones de justicia para distribuir cupos escasos. Mientras el SAE confiere al azar un papel dirimente dado un principio de igualdad de la niñez, el proyecto confía en un principio de justicia meritocrática que utiliza el rendimiento para dirimir. La Mesa debatió esas diferencias, pero convergió en que todo sistema debe evitar discriminación, arbitrariedad y opacidad. El proyecto, sin embargo, reintroduce las entrevistas a familias y sitúa la voluntad de los sostenedores por sobre cualquier noción de justicia, reinstalando el origen social como factor determinante de las oportunidades educativas, retrocediendo una década y retrotrayéndonos como excepción a nivel mundial.

El Congreso está a tiempo de retomar las propuestas de la Mesa Técnica y revalorizar los acuerdos técnico-políticos que Chile ha usado para procesar sus problemas más acuciantes.

Alejandro Carrasco

Decano Facultad de Educación

Pontificia Universidad Católica de Chile