SEÑOR DIRECTOR:

La semana pasada, tras años de persecución, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en la investigación por aborto contra Cristina Martín, una mujer denunciada por su presunto agresor en un contexto de violencia intrafamiliar, sin que existiera nunca una sola prueba. Aun así, la maquinaria persecutora se activó con fuerza desmedida: Brigada de Homicidios, pericias repetidas en el Servicio Médico Legal, revisión de cámaras, análisis de su basura, incautación de teléfonos. Una mujer denunciada por quien ejercía violencia en su contra bastó para encender los motores de todo el aparato estatal.

Recuerdo entonces a otra mujer, una joven asesinada y arrojada a un basurero de la carretera, a cuya madre empezamos a representar unos años después de ocurrido su hallazgo. Su cadáver llevaba tiempo ahí, y su causa sigue cubierta de polvo. Nadie buscó cámaras. Nadie insistió en peritajes. Ninguna diligencia. Ningún fiscal golpeando puertas. Como si su cuerpo importara menos que un útero bajo sospecha.

Es hora de decidir si queremos un sistema penal eficiente o que castigue selectivamente. ¿Qué nos dice que se gaste tanto en criminalizar a una mujer sin delito, y tan poco en buscar justicia para otra asesinada?

Hoy se discute una ley para despenalizar el aborto. No solo es urgente: es sensato. La criminalización del aborto no protege a nadie y ni siquiera evita que ellos ocurran, solo expone a más mujeres al riesgo, al castigo y despliega recursos en su persecución.

Ojalá algún día todas nuestras muertas reciban, al menos, la misma atención que se le dio al útero de Cristina Martín.

Francisca Millán Zapata

Abogada penalista

Socia AML Defensa de Mujeres