SEÑOR DIRECTOR:

Comparto la reflexión recientemente planteada por Fernando Marín Cruchaga, presidente de la AOA, respecto de cómo las condiciones de contratación pueden terminar encareciendo proyectos que buscan satisfacer necesidades públicas. Una realidad similar enfrenta la ingeniería y consultoría en gran parte de los contratos con organismos y empresas del Estado.

Con frecuencia, los procesos de licitación incorporan exigencias administrativas, asignación de riesgos y mecanismos de control que exceden las necesidades propias de los servicios requeridos. A ello se suman extensos períodos de revisión, observaciones sucesivas, demoras en aprobaciones y escasa flexibilidad para adaptar oportunamente el desarrollo de los proyectos a nuevas circunstancias.

Las empresas de ingeniería no sólo deben responder por la calidad técnica de sus servicios, sino también absorber los costos asociados a estas incertidumbres. Mantener equipos especializados disponibles durante períodos superiores a los previstos, atender reiterados ciclos de revisión o asumir ampliaciones de plazo sin una adecuada compensación tiene un costo que, inevitablemente, termina reflejándose en las ofertas.

La necesaria probidad y transparencia en el uso de los recursos públicos no debiera confundirse con procedimientos que dificultan la gestión eficiente de los proyectos. Mejorar la oportunidad de las decisiones, simplificar procesos y asignar los riesgos a quien efectivamente puede gestionarlos permitiría aumentar la competencia, atraer más oferentes y obtener mejores resultados para el país.

Reducir burocracia y aumentar eficiencia también es una forma de cuidar los recursos públicos.

Hugo Andrade Alvarado

Presidente

Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería A.G.