SEÑOR DIRECTOR:

En su columna, la investigadora Silvia Eyzaguirre hace una sesgada referencia al Colegio de Profesoras y Profesores, con dichos ideologizados que mezclan ilegítimamente temas muy diferentes y los presenta como un todo restándole objetividad a su planteamiento.

Señala que en nuestro reclamo a los recientes oficios de Contraloría defenderíamos prácticas abusivas y lo mezcla con contrataciones irregulares en el Estado, sobredotación de personas incompetentes, sueldos excesivos, pagos de favores políticos, nulos incentivos al buen desempeño, licencias médicas irregulares, etc. Mescolanza impropia de una investigadora seria.

Recordarle que cuando Contraloría emitió el informe de las licencias médicas, condenamos públicamente las irregularidades y ni siquiera tuvimos asomo de avalar malas prácticas; un buen análisis citaría nuestra postura y no insinuaría que la discusión con la contralora pudiera estar referida a ese punto.

Agrega: “El abuso cuando es reiterado y tolerado se convierte en derecho: eso es lo que está a la base del reclamo del presidente del Colegio de Profesores”. Afirmación totalmente errada, la queja no es al descuento del salario de los días no trabajados por paro; sino al querer descontarlos, obligar la recuperación y no reintegrarlos; así como pretender impedir que los empleadores concilien con sus trabajadores la forma de hacerlos efectivos.

Vemos un doble o triple castigo contra la “osadía” de reclamar por las malas condiciones de la educación pública y movilizarse para exigir soluciones reales.

Nuestro reclamo no es abusivo ni ilegal, nos respaldan dictámenes de la propia Contraloría, fallos de la Corte Suprema y tratados internacionales de los que Chile es firmante.

Si quiere hablar de “ilegalidades” sería interesante que se refiriera a la cuantiosa deuda previsional a miles de docentes (se estima 300 mil millones de pesos), carga de trabajo adicional a las horas establecidas en el contrato, paupérrimas condiciones de infraestructura, programas de inclusión sin las condiciones para la atención de alumnos neurodivergentes, irregularidades y falta de transparencia en el sistema de desarrollo profesional, entre otros asuntos, que vulneran derechos de docentes, asistentes y estudiantes.

Hubiese sido correcto mencionar lo que motivan las movilizaciones que Eyzaguirre demoniza.

Mario Aguilar

Presidente Nacional del Colegio de Profesores y Profesoras